El 1 de marzo de 2026, una deflagración en la selva del Cusco bastó para que casi toda la generación eléctrica a gas en Lima se detuviera. El precio de la electricidad se multiplicó por cinco en cuestión de horas. Cientos de miles de taxistas y transportistas se quedaron sin combustible. El gobierno declaró emergencia nacional por 14 días.
Un solo punto de falla. Un país paralizado.
Lo más grave no es lo que ocurrió. Es que ya sabíamos que podía ocurrir.
La Transportadora de Gas del Perú (TGP) opera un gasoducto de más de 700 kilómetros que conecta el yacimiento de Camisea, en la Amazonía cusqueña, con la costa. Por ese único ducto viaja el gas que abastece a millones de hogares, mueve el transporte público y genera cerca del 40% de la electricidad del país.
El domingo 1 de marzo, una fuga y deflagración en la estación de válvulas del kilómetro 43 —en el distrito de Megantoni— obligó a cerrar el sistema completo. Es la primera vez en más de 20 años de operación que el transporte se suspende durante dos semanas.
El resultado: racionamiento de gas vehicular, precio de electricidad disparado para la industria, y una pregunta que quedó en el aire — ¿cómo es posible que todo el sistema energético del país dependa de un solo tubo?
La respuesta tiene nombre y apellido: el Gasoducto Sur Peruano.
Desde 2008, cinco gobiernos consecutivos prometieron llevar el gas del sur del país a Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. Cinco veces fracasaron. El proyecto más reciente —adjudicado en 2014 al consorcio Odebrecht-Enagás— quedó paralizado con 37% de avance por el escándalo Lava Jato. Hoy el Estado paga 46 millones de dólares al año solo para mantener los tubos abandonados.
Pero detrás de cada proyecto frustrado hay un patrón que va más allá de la corrupción: la inestabilidad política crónica. Un país que cambia de presidente cada pocos meses, donde el Congreso bloquea reformas por cálculo electoral y donde las reglas de juego se reescriben con cada gobierno, es un país donde ninguna empresa seria quiere arriesgar capital en proyectos de 20 o 30 años de maduración. La exploración de gas y petróleo requiere exactamente eso: certeza jurídica, estabilidad regulatoria y señales de largo plazo. Sin esas condiciones, los privados no exploran —y sin exploración, seguimos dependiendo del mismo recurso de siempre, transportado por el mismo tubo de siempre.
Eso tiene un costo económico concreto. Perú tiene potencial para crecer al 6% o 7% anual sostenido. Crecemos a menos de la mitad de eso. La inestabilidad política no es un dato inocente: es una de las principales razones por las que la inversión privada en sectores estratégicos —energía, minería, infraestructura— se frena, se retrasa o simplemente no llega.
El resultado de esa parálisis es doble. Primero: el sur del país sigue sin gas barato, con industria cara, hogares que cocinan con leña y una desigualdad energética que frena el desarrollo. Segundo: toda la demanda energética del país sigue concentrada en un sistema con un único punto crítico, sin rutas alternativas, sin nuevas reservas exploradas y sin redundancia.
Esto no es mala suerte. Es la consecuencia de un Estado que improvisa en lugar de planificar, y que ahuyenta inversión en lugar de atraerla.
Un país que quiera crecer no puede depender de un solo tubo. Nuestra propuesta parte de un principio básico: la seguridad energética es seguridad nacional — y la seguridad nacional requiere un Estado predecible, con reglas estables y capacidad de cumplir sus compromisos.
1. Garantías reales para la exploración privada de gas y petróleo Necesitamos que las empresas privadas vuelvan a explorar en el Perú. Para eso, estableceremos contratos de estabilidad jurídica con horizonte mínimo de 20 años, simplificación de permisos de exploración sin reducir estándares ambientales ni sociales, y mecanismos de consulta previa ágiles y predecibles que generen confianza tanto para las comunidades como para los inversionistas. Sin nuevas reservas exploradas, seguiremos siendo vulnerables a lo que ocurrió esta semana.
2. Diversificar la matriz energética con metas vinculantes La exploración de hidrocarburos y la transición a renovables no son contradictorias — son complementarias en el corto y mediano plazo. Impulsaremos energía solar, eólica e hidráulica con metas vinculantes para que cubran al menos el 40% de la generación eléctrica al final del quinquenio. Esto reduce la dependencia de un solo recurso y de un solo ducto.
3. Eliminar el punto único de falla en el sistema de gas Impulsaremos la construcción de capacidad de transporte alternativa y la instalación de plantas de regasificación descentralizadas, priorizando las regiones del sur que llevan décadas esperando el gas que nunca llegó. La infraestructura crítica no puede tener un solo camino.
4. Declarar los activos energéticos como infraestructura crítica con monitoreo permanente El ducto de Camisea es tan estratégico como un aeropuerto o un puerto mayor. Implementaremos un sistema de monitoreo digital en tiempo real con alertas tempranas, protocolos de respuesta automática y auditorías técnicas periódicas. La emergencia del 1 de marzo no debería repetirse — y con tecnología disponible hoy, no tiene por qué.
5. Resolver de una vez el pasivo del Gasoducto Sur Los arbitrajes internacionales pendientes no pueden seguir siendo excusa para la inacción. Estableceremos una hoja de ruta clara para resolver los litigios y destrabar la conectividad energética del sur, con un modelo transparente, competitivo y sin corrupción.
En resumen
Lo que ocurrió el 1 de marzo no fue una emergencia imprevisible. Fue el costo acumulado de años de corrupción, de proyectos abandonados, de inestabilidad política que ahuyenta inversión y de un Estado sin visión de largo plazo.
Un país viable no improvisa su energía. La planifica, atrae la inversión necesaria para explorarla, la diversifica y la protege.
Eso es lo que haremos.
Esta propuesta complementa las líneas de Transición Energética, Manejo de Emergencias y Planificación Estratégica del Plan de Gobierno Partido Morado 2026–2031.