Seguridad Ciudadana

La seguridad humana implica proteger las libertades fundamentales que constituyen la esencia de la vida; significa proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas); significa la creación de sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que, en su conjunto, brindan al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad.

Hablar de seguridad ciudadana es, pues, hablar de ciudadanos y ciudadanas que viven de manera segura, que desarrollan sus actividades productivas y reproductivas en un marco de paz social.

Para ello, es necesario el acceso gratuito y universal a una educación de calidad, equitativa e inclusiva, que forme ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el desarrollo personal, familiar y comunitario. Una educación basada en valores humanísticos y de respeto a la a la institucionalidad democrática y a la cultura peruana.

Alineado a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU:

Vivir libres de violencia es un derecho, en nuestra constitución es derecho de la persona. Art. 2: Inc. 22: “A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.

El Estado tiene la función de proteger a la ciudadanía de toda amenaza a esta paz social dentro de su territorio nacional. Es decir, todas las personas tenemos el derecho a vivir libres de violencia, al libre desarrollo de la personalidad con responsabilidad en el cumplimiento de los deberes ciudadanos. En ese sentido, el desarrollo de nuestros proyectos de vida requiere de un entorno seguro. Millones de peruanos y peruanas ven truncadas sus aspiraciones por las acciones de la delincuencia común, el crimen organizado, la violencia de género, y los crímenes de odio.

Es tarea fundamental del estado generar las oportunidades de desarrollo de todas las personas de manera de evitar el inicio de la carrera criminal de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad social.

Las cifras muestran que la violencia familiar es una de las formas de inseguridad que afecta a mujeres y niños, niñas y adolescentes en el hogar, que debiera ser el lugar más seguro para esta población. Baste con visitar cualquier comisaría PNP y se verá que la mayor cantidad de denuncias se refiere a esta tipología.

De igual manera, las faltas y robos menores tienen a las mujeres como las principales víctimas. Por ejemplo, el robo de celulares se efectúa principalmente a mujeres entre 16 y 49 años.

Se debe crear entonces una cultura de prevención, para lo cual se nombrará una Comisión Multisectorial, compuesto por técnicos y profesionales, entre ellos, a los propios Policías, para que lo desarrollen y ejecuten. Que el interés del País esté sobre cualquier otro interés, inclusive el partidario. En ese orden de ideas, la Seguridad Humana, que incorpora a la Seguridad Ciudadana, y esta a su vez a diversas instituciones, entre ellas a la Policía Nacional y Serenazgo, es de solución multisectorial y transversal, siendo el presidente de la República, el principal responsable para desarrollar este proceso de transformación.

Dentro de esta visión preventiva, debemos considerar que la generación del bicentenario es globalizada y conoce de las realidades de otros países. Esto los hace más conscientes de le existencia de mejores formas de vida y de condiciones más dignas. Si el estado no puede ofrecerles el acceso a dichas condiciones son propensos a caer en la delincuencia o a expresar su frustración con violencia ante la falta de puestos de trabajo o ingresos lícitos y la necesidad de sobrevivir y/o mantener a sus dependientes.

La prevención parte desde el inicio de la vida, en un entorno en el que todas las niñas y los niños tengan garantizada su alimentación, cuidado y educación. Escuelas públicas que acojan a los escolares, y les ofrezcan un espacio seguro también fuera del horario de clases es indispensable para que el tiempo libre no sea una oportunidad para que se inicie una carrera criminal. El estado también tiene la obligación de darle la oportunidad a las y los que han abandonado la escuela por distintos motivos, programas de becas que recuperen los años y se completen los estudios secundarios son esenciales para impedir que inicien una carrera criminal. Becas como las ya existentes “Doble Oportunidad” son esenciales.

Para las y los jóvenes que han terminado la secundaria es indispensable que becas, como “Beca 18” estén al alcance de todo joven que desee estudie, la prevención más efectiva es la educación de calidad que te permita insertarte en el mercado laboral, pues el empleo de calidad da estabilidad a las personas alejándolas de un posible inicio de una carrera criminal.

Paralelamente, es necesario que, en cada barrio de las ciudades de nuestro país, tengamos a través de las municipalidades, una cultura de ocupación creativa de los espacios públicos, destacando cultura física, recreación, arte urbano colectivo y deporte, poniendo énfasis especialmente en grupos mixtos de jóvenes y mujeres adultas jefas de familia que no tienen espacios seguros de recreación.

En la lucha contra la inseguridad ciudadana se presentan dos realidades: Los que han delinquido y los potenciales delincuentes, por lo tanto, hay tres medidas que se deben adoptar: La Prevención, para evitar que se conviertan en delincuentes; la represión, para aquellos que ya han delinquido; y la rehabilitación e incorporación a la sociedad, para aquellos que hayan cumplido sus penas. Por esto, se debe impulsar programas de justicia restaurativa y generar espacios intermedios para las personas que hayan cumplido con sus condenas y estén preparadas para enfrentar una vida en libertad. El Ministerio de Justicia debe disponer de un servicio de rehabilitación legal para que como manda la ley, sus antecedentes sean borrados y puedan acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones, sin tener la condena del estigma carcelario, base del círculo vicioso de la criminalidad.

El rol de la fuerza policial en todo esfuerzo por mejorar los niveles de seguridad de una sociedad es fundamental. Se requiere de una policía nacional moderna, bien remunerada, respetuosa de los derechos humanos y, sobre todo, con miembros íntegros que denuncien la corrupción.

En ese sentido, es necesario hacer una reforma de la policía en sus niveles formativos, estructura organizacional, operatividad, expulsión de los malos elementos, etc. Reforma que delimite su funcionamiento en los marcos de una democracia liderada por la civilidad y que contribuya al desarrollo económico con justicia social. Una policía que recupere la confianza de la comunidad en base a una práctica de cercanía con la misma, de servicio Las comisarías deben ser lugares amigables para la población, especialmente para las mujeres y las poblaciones vulnerables. El proceso se apoyará en cinco pilares: educación, infraestructura, tecnología, logística y bienestar. Debiendo complementar su capacitación profesional, con valores y principios éticos, que se verán reflejados en su actuar del día a día con la ciudadanía.

Asimismo, en todas las comisarías a nivel nacional debe haber un Centro de Emergencia Mujer – CEM del MIMP que atienda en forma permanente, los siete días de la semana, las 24 horas del día. Las juntas vecinales de seguridad ciudadana para acercar a la PNP a la comunidad; sin embargo, también es necesario que estas juntas coordinen y complementen su trabajo con las juntas comunales de los gobiernos locales.

Se debe generar sinergia apuntalando el fortalecimiento del trinomio PNP, comunidad organizada y gobierno local. El SINASEC debe ser liderado por la más alta autoridad política de la Nación. Las sesiones deben ser presididas por el presidente de la República en persona y con la presencia de los ministros de los sectores involucrados.

Solamente en la medida en que se formulen políticas nacionales de seguridad ciudadana y se le asigne presupuesto se logrará revertir la inseguridad ciudadana en el país. La solución es intersectorial y no de un solo sector; debe ser un trabajo intersectorial.

En los CORESEC debe haber un liderazgo del Gobernador Regional, demostrando en la práctica que tiene voluntad política de solucionar el problema de la inseguridad con la presencia de sus gerentes y de las instituciones representativas de la sociedad civil, como las empresariales, las OSB y todas las instituciones del estado que manda la ley.

En el caso de los CODISEC es indispensable que la autoridad local presida personalmente las sesiones ya que en muchos casos se delega esta responsabilidad al gerente de seguridad ciudadana, cuando éste es un espacio de decisión política y la presencia del alcalde o alcaldesa garantiza el seguimiento al plan local de seguridad ciudadana que se formuló en este espacio.

En nuestro país, la historia nos ha demostrado, que la cadena de valor de la Seguridad Ciudadana, esta fraccionada y dividida, es necesario que se busquen mecanismos para que lo que hace bien una Institución, no la destruya la otra. Es necesario “crear” una “doctrina”, en donde el actuar de cada Institución se vea garantizada y complementada por la otra. Para lo cual se debe crear una Comisión Multisectorial, integrado por miembros de las instituciones implicadas, para revisar lo existente y “reordenar” las normas, no en función de los intereses de cada institución, sino en lo mejor para nuestra sociedad. Dado la complejidad del asunto, es necesario contar con el asesoramiento de profesionales calificados, no políticos, y con el apoyo de la Comunidad Internacional.

En el país, se podría crear una “Escuela de Capacitación” y/o cursos de capacitación, en donde participen personal de las instituciones involucradas en la Cadena de Valor de Seguridad Ciudadana, a fin de integrar criterios y sentar las bases para “crear” una “unidad de doctrina”.

La formación civil de agentes del serenazgo es una tarea impostergable, dado que, en muchos casos, se ha descuidado este aspecto y se envía a personal sin mayor preparación a enfrentar situaciones de intervención policial. Ello, debido a que el serenazgo se conforma con personas que apoyaron en las campañas electorales del grupo político en el gobierno local.

Cada provincia tendrá un centro de formación de serenazgo que funcionará en forma permanente, garantizando una formación integral, basada en el respeto a los derechos humanos y el respeto a las organizaciones comunales. Es esencial que cuenten con las capacidades para manejar situaciones de riesgo y contribuyan con arrestos ciudadanos en situaciones de flagrancia.

El serenazgo debe mantener una coordinación y colaboración permanente con la policía nacional en el marco de las políticas de seguridad ciudadana locales y de acuerdo a sus competencias.

Es importante la formación y educación cívica en las instituciones escolares de cada distrito del país. Asimismo, en cada organización comunal debe fomentarse la participación ciudadana en las diferentes tareas para mejorar la seguridad ciudadana en su localidad.

Sin embargo, el principio de autoridad debe lograrse a través del ejemplo y la legitimidad lograda en el trabajo comunal y de compromiso de las autoridades regionales, provinciales y locales con una visión multisectorial, con especial incidencia en educación, la Policía Nacional, cultura, deportes, trabajo, etc. Este proceso complejo requiere también de la participación de la ciudadanía en general.

El uso de los medios de comunicación masiva es una herramienta fundamental para el logro del objetivo. Es prácticamente modificar ciertos hábitos de conducta, para lo cual se requiere crear una política de Estado, hacer un planeamiento estratégico, hacer uso de medios y múltiples recursos. El factor tiempo espacio es muy importante y hasta determinante, en algunos casos.

Es importante que se revisen las funciones de las instituciones del Estado que están comprometidos en la prevención y lucha contra la producción, distribución y consumo de drogas y se haga una reingeniería. Muchas de ellas, tienen las mismas funciones, que muchas veces entorpecen la labor de las otras, o simplemente se yuxtaponen, lo que ocasiona un grave daño al país y la sociedad.

A nivel policial debe haber un trabajo de inteligencia que son conocidos por las autoridades y la comunidad. Debe haber una labor conjunta y efectiva a nivel operativo desde las unidades especializadas de la PNP.

Además, debe haber programas educativos y de prevención en las diferentes instituciones educativas de la localidad en mejora de la autoestima, el auto respeto y la consideración de un proyecto de vida que se puede destruir por el consumo de drogas.

El Sistema de Inteligencia en el país se vino abajo después de la administración de Vladimiro Montesinos y compañía; hecho que perjudicó, tremendamente, el desarrollo de esta actividad que es muy importante para el desarrollo de nuestro país.

En casi todos los países del mundo, los Estados cuentan con un Servicio de Inteligencia. Esta, con fines de Seguridad Nacional, desde un sentido amplio de su concepto, que comprende principalmente el frente interno y externo.

Dentro del frente interno tenemos al crimen organizado; por el cual debe seguirse un tratamiento particular para investigarlo y combatirlo. Actualmente, existen algunas instituciones involucradas en la lucha contra el crimen organizado con los resultados que todos conocemos. ¿Porque tenemos estos resultados? Algo no debe estar funcionamiento como debiera. Como recordaran, casi año a año, se crean nuevas unidades, se reestructuran, se reorganizan, se especializan y un largo etcétera. Ojo que no nos referimos solo a la Policía Nacional, sino a diferentes Instituciones del Estado. Lastimosamente, a pesar de todos estos cambios, los resultados no han variado lo suficiente.

El primer paso debería ser el de asignarle a una institución la lucha frontal contra el crimen organizado. Una principal, y las otras Instituciones, organismos o unidades, complementarían esta labor. La Inteligencia es muy importante e imprescindible para esta labor. Es importante que los diferentes órganos de inteligencia del Estado, sumen para lograr los objetivos trazados. Hay que darle todo el soporte político y técnico a esta nueva Unidad.

Propondremos crear una Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, que se declarará en sesión permanente para abordar temas tales como:

  • La conformación de unidades y servicios de élite dedicados exclusivamente a la investigación del crimen. Estas unidades estarán conformadas por oficiales de alto nivel de la policía y fiscales especializados, trabajando juntos.
  • Fortalecer la inteligencia y la investigación criminal para desarticular las organizaciones criminales, con participación conjunta de la policía y la fiscalía (megaoperativos).
  • Presionar para lograr la implementación del sistema para hacer seguimiento del patrullaje policial, con el objetivo de asegurar que policías y patrulleros estén donde deben estar, protegiendo a la gente.
  • Consolidar la iniciativa “Barrio Seguro” y diseñar estrategia nacional de prevención de la violencia y el delito que involucre al gobierno nacional y a los gobiernos municipales.
  • Ampliar la capacidad de albergue del sistema penitenciario y redefinir un sistema de penas alternativas a la privación de la libertad.
  • Mejorar el funcionamiento de las comisarías, especialmente en el trato de los temas de género.
  • Supervisar que se exija que se cumplan los tres años de formación para policías y que no se den situaciones excepcionales.
  • Asegurar que el Programa Presupuestal Orientado a Resultados (Programa Presupuestal Multisectorial) sea rápidamente diseñado e implementado, con un nivel adecuado de recursos.

La seguridad del país no se limita a la lucha contra la delincuencia o el crimen organizado en las ciudades. La defensa civil y la respuesta rápida a emergencias requiere logística que la policía no posee. Asimismo, la principal fuente de dinero que alimenta a la corrupción en el Estado proviene del narcotráfico y su vinculación a actividades terroristas, la explotación ilegal de minerales como el oro que produce además trata de personas y el contrabando.

Combatir estas problemáticas requiere una acción conjunta y coordinada de la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, pero, además, por la logística y nivel de entrenamiento de poder disuasivo requerido, se hace necesaria la inclusión de las Fuerzas Armadas del país en el manejo.

Proponemos que el Ejército del Perú sea la primera línea de acción frente a desastres naturales y el combate del narcotráfico. Esta intervención deberá ser coordinada y dirigida por un comando de inteligencia que combine las fuentes de información de la Policía y las FF. AA. Y sea dirigida por el Consejo Nacional de Seguridad, bajo órdenes directas del presidente de la República.

La marina de Guerra del Perú cuenta con fuerzas operativas de superficie (cruceros ligeros, fragatas, buques y corbetas), submarinos y aviación naval (aeronaves de exploración, ataque, Búsqueda y rescate, transporte e instrucción). Las estrategias de defensa nacional para la marina de guerra incluyen:

  • Establecer una estrategia de control de la actividad pesquera ilegal, articulando el marco legal pesquero con las capitanías de puerto y la flota de la marina de guerra.
  • El nuevo reglamento de sanciones de pesca debe incluir el uso de las multas cobradas a las empresas pesqueras para el mejoramiento tecnológico de la Marina de Guerra del Perú, aumentando su capacidad de rastreo y monitoreo de embarcaciones. Asimismo, se incorporarán bonos para las tripulaciones de la Marina de Guerra por desempeño.
  • Toda embarcación no artesanal, que navegue dentro de nuestras 200 millas será requerida de transmitir identificación y coordenadas en tiempo real. Toda embarcación que no cumpla será inmediatamente requerida de cumplir con la regulación, intervenida a la brevedad y considerada bajo sospecha.

En el caso del monitoreo de amplias extensiones de territorio, vamos a utilizar a la Fuerza Aérea y al CONIDA para, a través de las imágenes suministradas por el sistema del PERUSAT-1 podamos realizar:

  • Mapas en 3D de riesgos a nivel país permitirán al Gobierno peruano predecir qué tipo de infraestructura (ej. pistas, carreteras, hospitales, aeropuertos, viviendas, escuelas, entre otras) podrían ser dañadas (y a qué escala) como resultado de un desastre natural (ej. huaicos, tsunamis, erupciones volcánicas, etc.) y diseñar estrategias de prevención y mitigación.
  • Identificación y acción sobre vuelos no autorizados en el espacio aéreo peruano.
  • Vigilancia de cultivos de droga, tala ilegal y contaminación de ríos por actividad minera.
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2 thoughts on “Seguridad Ciudadana

  1. Respecto a la profesionalizacion de serenazgo, es necesario? Por qué no incrementar y fortalecer la PNP? Que nivel de autoridad tendrá el serenazgo? Dicha autoridad es paralela a la PNP? Acaso no se superponen (duplican) algunas funciones?

    Falta desarrollar la propuesta, de preferencia fortalecer la PNP.

  2. Serenazgo ha llenado el vacío dejado por la Policía, y se ha ganado el respeto de la ciudadanía. Profesionalizarlo reforzaría su trabajo, mientras que la PNP sigue sumergido en sus problemas de corrupción generalizada y crisis institucional.

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