11. Reforma política, descentralización y modernización del estado y la gestión pública.

Una tendencia en la reestructuración del Estado es obtener, para sí, estructuras organizativas más planas, menos jerárquicas, basadas en procesos y no en funciones, de tal manera que el ciudadano pueda conectarse de manera más pronta y cercana con sus autoridades. Para que esta conexión no solo sea más inmediata sino además satisfactoria, es necesario que los procedimientos que inicia el ciudadano ante las distintas instancias del Poder Ejecutivo, solicitando algún acto administrativo de la autoridad competente, cumplan, entre otros, con ser simples, ágiles, predecibles y, sobre todo, eficaces y eficientes. Para que ello pueda ser posible, resulta prioritario reducir el Estado en donde sobre burocracia, y aumentarlo en donde falte. En tal sentido, para lograr la tan ansiada modernización de la gestión pública.

El Partido Morado propone aplanar la cancha del Estado, en lo que respecta al Poder Ejecutivo, a través de un cambio sustancial en su estructura organizativa, con el fin de facilitarle la vida al ciudadano en su interacción con la misma.

Alineado a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU:

Temas abordados en la solución de esta problemática:

Un punto clave en la reforma del Estado es la coordinación entre los distintos sectores del ejecutivo. Con miras a una redistribución de las direcciones y oficinas de los ministerios estableceremos una revisión sistemática de los organigramas ministeriales, bajo la óptica de los ejes presentados en el presente plan. La propuesta buscará reducir el aparato burocrático, pero con la posibilidad de generar nuevas y mejores instituciones ministeriales.

Se requiere fortalecer el sistema de información nacional para la toma de decisiones informadas y con evidencia. Para ello se debe aprovechar todas las herramientas que brinda la revolución digital e informática. Estos sistemas deben estar a disposición de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, con la ayuda del PERUSAT, se creará el Catastro Nacional.

Se deben impulsar la conformación de una infraestructura nacional para la implementación del gobierno electrónico. De esta forma, la estructura de ministerios y oficinas en el ejecutivo puede empezar a revisarse en términos de eliminación de redundancias en el uso y manejo de la información.

Finalmente, las entidades públicas pueden ordenar y priorizar sus gastos a través de compras estatales en conjunto. Es decir, distintas entidades públicas pueden comprar a un mismo vendedor, en un sólo contrato. Ello genera más transparencia a la vez que reduce las posibilidades de corrupción. Además, permite que el vendedor reduzca sus precios, generando un ahorro de gasto para el Estado. Un ejemplo claro es la necesidad que las compras de medicamentos esenciales y vacunas sean negociadas a nivel estado y no por petitorios independientes por cada red de salud.

María es una profesional que ingresó a laborar en enero de 2020 a un Ministerio del Estado peruano. Le hicieron firmar un contrato CAS. Sin embargo, al poco tiempo notó que otros trabajadores CAS que desempeñaban sus mismas funciones ganaban un sueldo mayor. A finales de septiembre de 2020 terminaba el plazo de su contrato, aunque ella estaba segura de que le renovarían por lo menos hasta final de año. Grande fue su sorpresa cuando le informaron que su contrato no se renovaría y que el ministerio no tiene obligación legal de sustentar justificación alguna. Sus sueños de hacer una carrera laboral en el Estado se habían frustrado.

La construcción de una estructura homogénea de servidores públicos, con garantía de estabilidad y permanencia, debe empezar con el cumplimiento de dos objetivos: respeto del mérito al ingreso e igualdad de condiciones de trabajo. En este sentido, de un lado, los concursos a puestos de trabajo públicos deben centralizarse y transparentarse, para evitar el ingreso de personal sin la capacitación suficiente y, por otro, debe existir un sistema único de categoría de puestos de trabajo como lo ordena la Ley Servir (o al menos, equiparar los beneficios o condiciones de los distintos regímenes laborales).

Existe una multiplicidad de regímenes laborales, dentro del servicio civil peruano con deberes y derechos distintos, que imposibilitan una adecuada gestión del recurso humano y del empleo público; a fin de brindar mayor cobertura y calidad de servicios públicos a la ciudadanía. El Estado cuenta con 1 422 000 servidores distribuidos en todas las entidades públicas. 4 de cada 10 servidores pertenecen a las carreras especiales (docentes, profesionales de la salud, abogados, diplomáticos y FFAA). Los modos de contratación incluyen el régimen CAS, el decreto legislativo 276 (Servir 2019) y el régimen 728.

Los dos niveles organizaciones más elevados de las instituciones públicas se encuentran politizados, debido a que más del 70% de puestos directivos son de libre designación y remoción (confianza), no existiendo, además, perfiles de idoneidad para dichos puestos (Servir 2018).

Los ciudadanos esperan un gobierno con una administración pública íntegra (libre de corrupción), que amplíe los servicios públicos y que provea servicios de calidad, teniendo como centro de atención a la ciudadanía.

Al respecto, el Partido Morado propone el fortalecimiento y mejora del Sistema Administrativo de Gestión a través del mejoramiento de la ley de contrataciones con el estado de Recursos Humanos y del tránsito al Nuevo Régimen del Servicio Civil a través de la absorción del servir de las oficinas de RRHH de las entidades públicas (de todos los niveles).

  • Objetivos Principales:
  • Fortalecer el sistema administración de gestión de recursos humanos.
  • Garantizar el tránsito de las entidades de los tres niveles de gobierno al nuevo régimen del servicio civil.
  • Objetivos secundarios:
  • Garantizar la profesionalización de cuerpo directivo.
  • Promover la meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades en el acceso, progresión, gestión de la compensación y salida del servicio civil.
  • Establecer requisitos mínimos de los funcionarios públicos y empleados de confianza para el acceso al servicio público.
  • Fortalecer al órgano encargado de la resolución de controversias.
  • Desarrollar las reglas para el ejercicio del rol supervisor del rector en la materia.
  • Corto, mediano y largo plazo
  • Corto: Modificar el marco normativo en la materia y los instrumentos de gestión para su operativización. Generar y fortalecer las alianzas estratégicas con actores nacionales e internacionales vinculados y con intereses en la materia. Fortalecer al ente rector de la materia.
  • Mediano: Concluir el tránsito en las entidades del Estado.
  • Largo Plazo: Supervisar el cumplimiento de las normas definidas para los sistemas administrativos. Promover la mejora continua y la actualización de las reglas acorde a su funcionamiento.

Uno de los principales problemas que nos ha impedido aprovechar el crecimiento económico de los últimos años en el Perú es, sin lugar a dudas, la falta de procedimientos eficaces para impedir que las contrataciones y adquisiciones del Estado se encuentren libres de corrupción y que, por el contrario, hayan servido para favorecer los indebidos intereses de inescrupulosos que han desviado, hacia sus arcas personales, ingentes cantidades de dinero cuyo destino debió ser el de las arcas públicas, viéndose así afectado el financiamiento de proyectos de urgente necesidad e impostergable realización para el país y, en especial, para nuestras poblaciones más vulnerables.

En tal sentido, urge una reforma total del sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado, que revise sus respectivos procesos, desde la obtención de las especificaciones técnicas (adquisiciones) o de los términos de referencia (contrataciones), pasando por los distintos tipos de procesos de selección (Licitaciones, Concursos públicos, etc.), hasta la contratación y/o adquisición y conformidad de los bienes y/o servicios por parte de los adquirientes o contratantes, a fin de evitar ilícitos por parte de los funcionarios públicos intervinientes.

Asimismo, con el fin de prevenir situaciones indebidas durante los procesos administrativos antes señalados, resulta perentorio implementar y fortalecer efectivamente los sistemas de gestión interna, asegurando el involucramiento, en dichos procesos, de todo el personal nombrado y contratado en nuestras entidades públicas que participan de los mismos. En tal sentido, la sensibilización y capacitación de dichos recursos humanos, es esencial.

Finalmente, una aspecto importante que resulta evidente, a la luz de los hechos de corrupción en los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y distrital) en los procesos de adquisiciones y contrataciones para la atención de la pandemia por COVID 19, es la falta de capacidad operativa de la Contraloría para un efectivo control concurrente de los citados procesos, lo cual exige dotar al ente rector del Sistema Nacional de Control de mayores presupuestos para la implementación de mecanismos modernos de telecontrol gubernamental y para un mayor número de inspecciones inopinadas de sus recursos humanos.

Una de las principales molestias del ciudadano es la necesidad de efectuar trámites en diferentes instancias del estado, los que a su vez requieren recolectar documentos de distintas fuentes, en forma impresa, para que el funcionario que atiende puede procesar el servicio requerido.

Aunque el estado ha venido implementando diferentes iniciativas de trámites en forma virtual a través de sus distintas oficinas (por ejemplo: SUNAT, SUNARP, RENIEC) resulta incongruente que estas distintas oficinas requieran que el usuario obtenga un documento de una de ellas en forma aislada para poder ser presentado en otra. El estado mismo termina no compartiendo información entre sus instancias, lo que no permite una visión macro de las necesidades de la ciudadanía.

Esto se debe principalmente, a que, en la actualidad, cada institución desarrolla de manera desordenada distintas piezas de software porque no existe ningún estándar ni requerimiento mínimo de parte del gobierno. Cuando esto se lleva a miles de instituciones el escenario es de un caos que nos hace perder tiempo y recursos a todos los habitantes de este país. Esto sin contar con todo el esfuerzo adicional que hay que implementar para hacer que estas piezas heterogéneas conversen a gran velocidad. El que siempre termina pagando la cuenta de esta ineficiencia es el que requiere algún servicio o información de este ecosistema tan caótico.

Nuestra propuesta es: desarrollar una plataforma digital que se comporte cómo un acelerador transversal escalable, que esté disponible 24 horas al día y con gran tolerancia a fallas de tal manera que una institución o habitante de este país pueda acceder con calidad, seguridad y transparencia a cualquier servicio del estado sin importar la ubicación geográfica del que lo requiera o de las instituciones que brinden la información.

  • Desarrollar una capa de software transversal y homogénea y totalmente preparada para escalar y conectar todos los servicios del estado de manera distribuida y sin generar cuellos de botella a nivel de redes, de procesamiento y de almacenamiento. Está capa debe ser diseñada para soportar servicios escalables y tolerantes a fallas. Además, debe encapsular de manera consistente toda la protección de la información de los ciudadanos de las instituciones.
  • Todo servicio del estado debe derivarse de forma directa de esta capa homogénea de tal forma que aceleremos el proceso de interconexión de instituciones y/o habitantes en forma exponencial.

Un beneficio adicional de construir servicios de esta manera es que se elimina la duplicación e inconsistencia de datos. Por ejemplo, no tiene sentido duplicar información de DNI, nombres, dirección y fecha de nacimiento cuando estos datos ya existen en un “servicio de RENIEC”, al contrario, duplicarlos en otra entidad introduce la posibilidad de inconsistencia (algo que tiende a bloquear procesos innecesariamente). Este error es común en el gobierno peruano.

Por lo tanto, la “digitalización del gobierno” va más allá de simplemente computarizar procesos preexistentes y requiere una visión holística de lo que es un gobierno moderno. El plan del Partido Morado contempla iniciar esta implementación dando prioridad al área de educación, salud, seguridad y administración pública.

Existen tres vertientes que deben ser contempladas por CEPLAN: Institucional, presupuestal y de dirección ejecutiva en los planes de desarrollo nacional, regional y local.

A nivel institucional CEPLAN ha perdido el rol para el que fue creado cuyo carácter formulador de los objetivos del país, también debe de otorgarle la capacidad de seguimiento de los planes a nivel nacional, regional y local. Hoy en día esta institución no se dedica a desarrollar seguimiento alguno en el cumplimiento de los planes cuya labor ahora la desempeña el MEF y cuyas facultades deben de enfocarse en su naturaleza: la gestión del presupuesto y la coordinación con los órganos establecidos para su entrega y ejecución oportunos.

A nivel presupuestal, CEPLAN debe ser empoderada para formular, evaluar y asesorar en el cumplimiento e impacto del trabajo de los estamentos del Estado alineados con los objetivos trazados en los documentos de gestión. En ese sentido el trabajo de la mano con el MEF es importante, pero no supeditado a esta institución.

A nivel de dirección, en este momento es la PCM la encargada de diseñar los lineamientos del contenido de los Planes Estratégicos Institucionales, por lo que es necesaria una reformulación de las funciones y el empoderamiento de CEPLAN para liderar el planeamiento en el país.

Asimismo, la evaluación de del gasto público tiene dos formas de análisis: cuantitativo y cualitativo. Sesgadamente se ha estado observando sólo a nivel numerario y determinando la calidad del gasto en función a su ejecución sin tomar en cuenta el aspecto cualitativo que determina el alcance, impacto y beneficio de la población por la ejecución del presupuesto. Es por ello, una necesidad que CEPLAN retome esa labor de medición de la calidad del gasto, aspecto de enfoque netamente cualitativo que permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos en base a lineamientos a largo plazo sostenibles.

La Constitución peruana reconoce la existencia de los gobiernos regionales, pero las delimitaciones geográficas de dichos gobiernos nunca fueron definidas adecuadamente y esto significa que tenemos una mala distribución de recursos para gobernar los territorios de tal forma de proveer servicios a sus ciudadanos, muchas veces redundando inversiones que podrían hacerse en forma coordinada mirando las oportunidades de desarrollo territorial y por ende del país. 

La descentralización supuso transferencia de facultades y recursos a los Gobiernos Regionales y Locales; pero siendo todavía necesario fortalecer sus capacidades. pues esta transferencia de facultades y recursos no ha venido acompañada del apoyo técnico y de gestión suficiente.

Para avanzar en la regionalización y el desarrollo territorial integral; En el próximo quinquenio de gobierno debe impulsarse la creación de macro regiones en los espacios geográficos naturales, que generen desarrollos armónicos ampliados y geoeconómicamente sostenibles, por conjunción de presupuestos, proyectos, aprovechamiento de las cuencas, cohesión de las actividades agrícolas e industriales, mejora de los niveles de  infraestructura y demás, en el marco de impulsar el aprovechamiento de las potencialidades territoriales y el cierre de brechas económicas y sociales en beneficio de cada comunidad y población .

El enfoque del Partido Morado es el de crear asociaciones regionales basadas en la función que debe proveerse (salud, educación, corredores logísticos, actividades productivas, etc). A esto lo hemos denominado “Descentralización Funcional”.

De esta manera, la oferta completa de servicios de salud, por ejemplo en el norte del país, podría lograrse a través de una red de primer nivel de atención que luego refiere los casos de complejidad a hospitales de segundo y tercer nivel pero considerando que las especialidades y los médicos especialistas estarían concentrados en diferentes regiones, permitiendo que los hospitales de una región se dediquen, en infraestructura y equipamiento, a tratar temas de cardiología, otra región a tratar especialmente el cáncer, otra región para neurología y otra para pediatría y otros, haciendo eficiente el gasto en dichos servicios.

Bajo esta misma lógica, la agrupación y asignación de tareas de las regiones puede ser distinta para la oferta educativa, corredores logísticos, circuitos turísticos, entre otros;  que estaría ligada por ejemplo a la necesidad de profesionales para una actividad productiva y social propia del sur del país, el centro, la sierra norte, la selva, entre otras.

El impulso para crear estas asociaciones puede darse a través de incentivos financieros a los proyectos y el aumento programático de las capacidades y recursos para la provisión de servicios públicos aprovechando las economías de escala, la cohesión social y territorial, que privilegien dicha forma de asociatividad, y cuyo impacto repercuta significativamente en favor de sus respectivas poblaciones; considerando los esfuerzos iniciales que en esa línea se han hecho desde las mancomunidades municipales y mancomunidades regionales; con el énfasis en ir hacia una regionalización que revitaliza el proceso de descentralización

Debemos con la descentralización acercar la función pública a la ciudadanía, rechazando y luchando contra la corrupción y avanzar hacia un Estado legítimo, representativo y al mismo tiempo eficaz y eficiente, que provea bienes públicos de forma adecuada, y que reduzca la pobreza y combata, la discriminación, la violencia y la marginación, entre otros aspectos de interés de la sociedad. Obviamente, ello implica una adecuación de sus respectivas competencias regionales o municipales o una transferencia de estas hacia las mancomunidades para potenciar los niveles de desarrollo integral y sostenible. Creemos que esta es la mejor manera de descentralizar al país: de manera funcional y a través de un crecimiento gradual, que parta desde el interior del país, y cuyo beneficio progresivo constituya el fortalecimiento incremental de dicha forma de asociatividad; teniendo como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenido.

En adición a la propuesta principal y herramienta para su ejecución, se creará el Fondo de Apoyo a la Descentralización, el cual financiará la eficiencia de los gobiernos regionales locales por una buena gestión y asimismo se destinará recursos para apuntalar la gestión subnacional a través de la migración de técnicos y profesionales jóvenes de primer orden debidamente capacitados, para que migren a los distintos departamentos y apoyen en la elaboración, ejecución presupuestal y gestión, de los proyectos de inversión esenciales en atención a los intereses regionales, provinciales y distritales; con el acompañamiento y asesoramiento técnico del Gobierno Nacional. El objetivo es que esta fuerza de jóvenes profesionales se integre a la comunidad regional por un período mínimo de 5 años y sean parte activa de un equipo motor del desarrollo institucional, sectorial y territorial.

El Partido Morado promoverá desde reformas constitucionales parciales hasta la reforma íntegra del Reglamento del Congreso de la República.

Hemos identificado inicialmente un conjunto de problemas que deben ser debatidos y procesados dentro de los treinta días posteriores a la instalación del período parlamentario:

  • Ética parlamentaria: Propondremos la creación de un Comité de Ética externo al Congreso para que evalúe las denuncias sobre contravenciones a la ética parlamentaria. Los informes que elabore y presente esta comisión serán debatidos por el Pleno del Congreso, que tomaría la decisión sobre la aplicación o no de sanciones, y se harán públicos. Esta propuesta requiere modificaciones en el Reglamento del Congreso y en el Código de Ética Parlamentaria.
  • Renuncia al bono de instalación. Los congresistas del Partido Morado que representa a Lima Metropolitana renunciarán al bono de instalación.
  • Abogaremos por la transparencia en todas las actividades del Congreso de la República, haciendo públicas sus deliberaciones y acuerdos para que la ciudadanía conozca lo que hacen sus representantes. Modernizaremos los canales de comunicación del Congreso de modo tal que la información en ella contenida sea fácilmente accesible a la ciudadanía. Estas propuestas requieren modificaciones en el Reglamento del Congreso de la República y decisiones administrativas adoptadas por la Junta de Portavoces y ejecutadas por la Oficialía Mayor.

No podemos seguir con las mismas reglas que han propiciado el descalabro de nuestro sistema política.

Continuaremos las propuestas de reforma política preparadas por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y remitidas al Congreso por el Poder ejecutivo, que no han sido aprobadas de forma integral por el Congreso disuelto ni por el Congreso complementario. En ese sentido debemos priorizar:

  • La reforma constitucional para acabar con la inmunidad parlamentaria.
  • Mejorar la reforma sobre el financiamiento de los partidos y las campañas electorales.
  • La reforma de las relaciones ejecutivo-legislativo, que incluye la eliminación de la causal de vacancia por incapacidad moral, precisando que lo que debe existir es la vacancia por incapacidad mental y la supresión del voto de investidura.

Asimismo, en el contexto de las reformas constitucionales que son la base de nuestro sistema político, debemos considerar que nuestra Constitución actual va a cumplir casi treinta años de vigencia y aun cuando ha sido pasible de algunas reformas en el camino (como eliminación de la reelección presidencial inmediata y modificación del número de congresistas), numerosos sucesos económicos, sociales y políticos acaecidos en este periodo, han evidenciado la urgencia y la necesidad de revisar su contenido a fin de dar mejor protección a los derechos fundamentales, y salvaguardar la separación y el equilibrio de poderes en el ejercicio del poder político.

El Partido Morado no es ajeno a esta realidad y coincide plenamente con este requerimiento, por lo que, al ser la Constitución un pacto social, promoverá en su segundo año de gobierno, la participación ciudadana a través de un referéndum a fin de que sea el pueblo peruano quien determine si se elabora un nuevo texto constitucional o se incorporan reformas parciales al texto vigente.

Esta consulta ciudadana contemplará la propuesta elaborada por una comisión de expertos constitucionalistas convocada para fijar los principales aspectos a ser revisados en la norma fundamental. Esta metodología no es nueva, se cuentan con dos experiencias de este tipo en nuestra vida republicana: la Comisión liderada por Manuel Vicente Villarán (1931) que propuso un anteproyecto de Constitución (nuevo texto en su integridad); y la Comisión de Bases para la Reforma Constitucional convocada durante el gobierno transitorio de Valentìn Paniagua (2001).

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4 thoughts on “11. Reforma política, descentralización y modernización del estado y la gestión pública.

  1. Incluir dentro de la reforma de los partidos políticos, la prevención del acoso politico a las mujeres. Estas se manifiestan de diferente manera incluso al interior de los partidos. Por tanto debe obligarse al uso de un mecanismo de prevención, identificación de sus manifestaciones, posibles, consecuencias y aplicación de sanciones para estos casos. En otros países de latinoamérica las consecuencias han llegado incluso hasta la muerte, de allí la urgencia en su aplicación e incorporación obligatoria.

  2. +Implementar la rendición de cuentas en todo el estado.
    -Las autoridades ejecutivas presentan planes de acción y luego rinden cuentas ante instancias superiores.
    Por ejemplo, los alcaldes distritales presentan planes de acción para su gestión completa o para el año o semestre y un tiempo antes de finalizar dicho periodo deberán presentarse ante el consejo provincial a rendir su informe de resultados.
    -Lo mismo pasaría con las provincias ante el consejo regional y con los gobiernos regionales ante el Congreso, sea en el Pleno, la Comisión Permanente, la Comisión de Fiscalización u otra comisión especial.
    -Los ministerios también deberían exigir este plan de acción a sus viceministerios y otras entidades adscritas y posteriormente los ministros rinden cuentas ante alguna instancia del Congreso.

  3. -Extender periodo de autoridades locales a 5 años para que coincida con el presidencial y así articular la colaboración y evitar que se interrumpa por el cambio de autoridades a medio camino.
    -Esto se daría a partir del 2026, ya que coinciden los años de elecciones generales y locales. Ambas elecciones permanecerían separadas en el tiempo para no sobrecargar de información al elector.

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