08. Estabilidad económica y política fiscal.

Desde hace varios años, la economía peruana ha venido perdiendo dinamismo de manera sostenida, pasando de promedios de crecimiento del 6.5% anual, a apenas 2.2% el año 2019. Esta tendencia reflejaba el agotamiento de las reformas ejecutadas décadas atrás y la ausencia de una política económica efectiva por parte del Estado.

Esta desaceleración del crecimiento ha tenido un efecto negativo sobre la pobreza, la cual solo se redujo en 1% el año 2019. En consecuencia, estábamos en una trayectoria que nos llevaba hacia el estancamiento económico y el retroceso social.

Para hacer frente a esta perspectiva se preparó un Plan Económico que tiene como objetivo revertir esta trayectoria adversa. Sin embargo, en marzo de este año se hizo presente entre nosotros la Pandemia del Covid19 que, en paralelo con sus terribles consecuencias sanitarias, ha tenido devastadoras consecuencias económicas y sociales. En particular, para fines del 2020 se proyecta que el PBI disminuya alrededor de 12% y que se produzca un aumento significativo de la tasa de desempleo, la pobreza y la desnutrición infantil, entre otros.

Esta realidad obliga a alterar las prioridades en la aplicación del Plan Económico de tal forma que se puedan atender a los segmentos de la población y de la economía que están sufriendo en mayor grado las consecuencias de la pandemia. Para ello, estamos preparando un plan que tiene como principal componente un conjunto de medidas de emergencia fiscal que permita al gobierno tomar acciones para aliviar la situación existente. Este plan está en preparación, en parte porque la pandemia continua y solo se pueden realizar estimados de la magnitud sus efectos económicos.

Alineado a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU:

Temas abordados en la solución de esta problemática:

En la actualidad, en términos relativos al PBI, la recaudación del Perú es una de las más bajas para los países de ingresos medios similares a los nuestros. la gran mayoría de la población elige la informalidad tributaria, principalmente, porque no ven reflejado el uso eficiente de los impuestos en la mejora de los servicios al ciudadano o la generación de un mejor entorno social para el crecimiento de la economía. Es necesario, pues, aumentar significativamente los ingresos tributarios; lo que será consecuencia de una tributación justa que beneficia directamente a todos los ámbitos de la sociedad.

Por ello, es necesario realizar cambios a diferentes niveles:

  • Cambios en el Régimen Tributario
    • Simplificación del régimen tributario y reducción del número de tributos.
    • Modificación del régimen del Impuesto a la Renta, con la finalidad de hacerlo mas justo, simple, trasparente y con eficiencia recaudatoria.
    • Eliminación y/o reducción significativa de los beneficios tributarios existentes. Con el fin de promover la inversión, podrá otorgarse beneficios tributarios a empresas nuevas y siempre con estricto carácter temporal.

 

  • Cambios Institucionales
    • Lograr que la SUNAT sea una institución constitucionalmente autónoma.
    • Establecer que la SUNAT deba participar activamente en el diseño de la Política Tributaria.

 

  • Acciones para mejorar la fiscalización y la lucha contra la elusión y evasión tributarias
    • Profundizar la participación en aquellos instrumentos de carácter internacional (bilaterales y multilaterales) que posibilitan el intercambio de información tributaria y la colaboración entre administraciones tributarias de distintos países.
    • Completar la digitalización y automatización de todos los procesos de gestión y cobro de tributos.
    • Utilizar intensivamente los datos masivos (Big Data), de terceros, nacional o internacional.

Las ciudades han crecido de manera desordenada y tener acceso a condiciones adecuadas para una vida digna es cada vez más difícil. Brindando soluciones habitacionales adecuadas con alternativas viables, los incentivos adecuados para el desarrollo inmobiliario, y una renovación ambiciosa de los programas de vivienda social, haremos que acceder a que las familias puedan habitar en una vivienda digna no sea más una utopía. Para ello, el Estado brindará apoyo a las familias e invertirá junto al sector privado, para el desarrollo de entornos urbanos equipados, conectados y provistos de los servicios básicos que necesitamos para las condiciones de vida adecuadas.

Entre los años 2000 y 2014, la oferta de vivienda en Lima para gente de escasos recursos estaba dividida de la siguiente manera, 4.2% para estrato bajo y 9.1% para el estrato medio bajo. De la misma manera, de acuerdo con estadísticas del Fondo Mi Vivienda, se señaló que al año 2019, la oferta de vivienda en provincias, a través de este programa, ascendía a una cantidad de 25110 unidades.

Ante la escasa oferta de vivienda, los ciudadanos que no cuentan con los medios económicos necesarios se ven obligados a buscar terrenos informales e invadirlos, exponiéndose pues a los riesgos que conlleva la falta de previsión y de condiciones seguras. Se deben de implementar más y mejores programas de vivienda a fin de que se pueda satisfacer la gran demanda que existe hoy y sobre todo para los sectores que más lo necesitan.

Asimismo, se estimulará la densificación de las ciudades bajo un enfoque de inclusión, promoviendo desarrollos inmobiliarios que incorporen un porcentaje de vivienda social.

Cambiaremos la política de dar títulos sin servicios, por una que construya ciudades donde todos podamos acceder a viviendas en entornos dignos, en los que podamos desarrollar nuestras capacidades y talentos.

María y Juan podrán acceder a una vivienda digna en un entorno en el que puedan encontrar todo lo que necesiten para vivir bien.

De acuerdo con el artículo 44º de la Constitución, “es deber primordial del Estado promover el bienestar general con base en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.” Este desarrollo integral y equilibrado se da dentro de una “economía social de mercado” (Art. 58º) y brindando “oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad” (Art. 59º). Esto significa que es responsabilidad del Estado financiar el desarrollo. Por lo que el financiamiento de un desarrollo integral y equilibrado debe de ser una política de Estado que transciende los gobiernos de turno.

El sistema financiero es una de las herramientas con las que cuentan los ciudadanos para la administración de la riqueza y, por ende, de su propio desarrollo. Las políticas de gobierno en esta área apuntan a lograr el acceso universal y digital al sistema financiero, desconcentrando la banca múltiple con el fortalecimiento de microfinancieras y cooperativas. Asimismo, promoviendo un Banco de Desarrollo para la competitividad que busque acercar a la población al mercado de financiamiento directo.

Toda reforma del sistema financiero debe estar acompañado de procedimientos de seguridad y auditoría tecnológica en sus plataformas digitales, trátese de bancos y financieras. Se trata de reducir la vulnerabilidad de sus aplicativos web y móviles a fin de no exponer fondos de ningún cliente. Para ello, cada entidad financiera y/o bancaria deberá asegurarse y garantizar los más altos estándares de seguridad en su operativa, beneficiando así tanto a los sectores socioeconómicos con bajos recursos como a las empresas con alto impacto en sectores altamente competitivos.

Para realizar estos objetivos, el gobierno del Partido Morado realizará las siguientes acciones:

  • Incremento de la educación financiera a la población con menores recursos.
  • Mayor difusión de la banca por internet con el uso de celulares de baja gama.
  • Creación de incentivos en la normatividad para las microempresas en etapa de iniciación sin acceso a la banca.
  • Mejorar la regulación de las tarifas de los servicios financieros en todo el sistema financiero.
  • Generar un rol más activo en los servicios financieros del Banco de la Nación, promoviendo un mayor despliegue en las zonas con menos población y lejanía.
  • Creación del BANCO DE DESARROLLO, con el propósito de otorgar apoyo integral a los clientes (financiero, tecnico, comercial, etc).
  • Fortalecimiento de la normatividad en la regulación del riesgo crediticio y de mercado.
  • Reducir los sobrecostos por transferencias de dinero a nivel nacional e internacional a personas consideradas vulnerables o de bajos recursos económicos.

También proponemos, entre otras medidas, incorporar las fintech; que están revolucionando el mercado financiero a través de la creación de empresas que ofrecen servicios financieros unidos a tecnología de forma más efectiva.

La coyuntura actual de pandemia y desaceleración forzada de la economía por la paralización de las actividades a todo nivel en el país nos exige mantener la estabilidad macroeconómica, base para el crecimiento económico y el bienestar social pues permite que la economía sea predecible para la inversión privada. De esta manera, se beneficia directamente a la población en general pues se verá favorecida por la creación de empleo y riqueza que genere la nueva inversión.

Para ello, proponemos las siguientes estrategias:

  • Retomar la estabilidad macroeconómica desde el primer año de gobierno, priorizando la estabilidad fiscal (déficit fiscal financiado de forma sostenible y no inflacionaria) y manteniendo la estabilidad monetaria (inflación baja y estable, y operatividad del sector financiero).
  • Cambiar la forma como se ha estado logrando el balance fiscal, que ha sido manteniendo niveles bajos e ineficiente de gasto público (corriente y de inversión). Por ello, los servicios públicos no son de la calidad y coberturas que demanda la población.
  • Se priorizará el aumento progresivo y sostenido de la recaudación tributaria a través de una tributación justa. Para lograrlo, se otorgará autonomía constitucional a la autoridad tributaria nacional (la SUNAT) reenfocándose su actuación al cumplimiento de su misión de administración y de fomento de una tributación justa y un comercio exterior legítimo. Además, la SUNAT también participará activamente en el diseño de la política tributaria.
  • Para mejorar la calidad del gasto y la eficiencia del sector público, se va a digitalizar de manera integral la actividad del Estado. Se busca que todas las instituciones públicas compartan la información de manera automática. Dentro de ello, se va a poner en ejecución una contabilidad pública integral y en tiempo real, que comprenda a todas las instituciones del Estado y para todas las operaciones que realizan. Su objetivo es permitir el seguimiento detallado y en tiempo real de los recursos públicos, desde su asignación y transferencia, hasta la ejecución concreta del gasto. Esta digitalización permitirá minimizar el riesgo de corrupción: el uso ineficiente e indebido de los recursos públicos.

La inversión pública es una de las maneras en las que el Estado demuestra la eficiencia en el uso de los impuestos. Dentro de nuestra visión de gobierno, basada en generar confianza, vamos a mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos del Estado, apoyándonos en la mejora en la calidad y cobertura de los servicios que se brindan al ciudadano y al mismo tiempo aumentando la transparencia en la ejecución del gasto público. Para ello realizaremos las siguientes acciones:

  • Mejorar el control en el seguimiento del gasto público, asegurando que haya armonía y consistencia entre la ejecución financiera y la real.
  • Utilizar la digitalización de las acciones y operaciones del Estado como herramienta principal para este seguimiento.
  • Asegurar que, en los casos de lugares apartados, donde tarde o no llegue a tiempo la digitalización, los recursos asignados lleguen a las unidades ejecutoras y estas realicen el gasto.
  • Revisar de manera integral la estructura organizacional del Estado a fin de evitar los problemas de duplicidad o redundancia de funciones o el bajo nivel de articulación entre las diversas instituciones públicas.
  • Ejecutar una política de remuneraciones públicas que permita mejorar la eficiencia, motivación y honestidad de la burocracia estatal.
  • Evaluar y mejorar el enfoque de modernización considerado en el programa Servicio Civil conducido por SERVIR.

Asimismo, el objetivo del control en el gasto público es la mejora de la competitividad de la producción nacional, ampliando la cobertura y calidad de los servicios que brinda el Estado, tanto para la población de menores ingresos como de las empresas productoras y exportadoras nacionales.

Es necesario, para ello, priorizar durante el primer año obras de beneficio inmediato para la población como, por ejemplo, el agua potable. Asimismo, mejorar los sistemas de asignación de proyectos de inversión al sector privado, aumento su transparencia y seguimiento. Se establecerán además mecanismos de control proactivo contra la corrupción ligada a las adquisiciones del estado, tales como:

  • Aumentar la protección contra denuncias no fundadas de contratistas perdedores, políticos o la prensa.
  • En el caso de la inversión en proyectos de tamaño pequeño, de beneficio directo de la población de menores ingresos o de localidades de menor tamaño, promover la participación directa del estado, en sus diversas instancias, gobiernos locales, regionales o entes públicos, con la capacidad de planeamiento, asesoría y ejecución de las FF.AA.

A la fecha, la brecha de infraestructura pública de largo plazo (hasta el 2025) bordea los US$ 160 000 millones. Se necesita invertir al menos US$ 15 000 millones anuales en infraestructura a nivel nacional en la siguiente década y priorizar las regiones con alto déficit de infraestructura pública de transportes, educativo y sanitario.

En el ranking de Competitividad Mundial ocupamos el puesto 61 en el pilar de infraestructura, que es el grado de inversión en recursos básicos, tecnológicos, científicos y humanos. La inversión en infraestructura no se logrará solo con obras públicas; es necesario incentivar que los capitales privados, nacionales y extranjeros se interesen en proyectos que beneficien al Perú. De la mano con las ideas que describimos en el eje de política exterior, por ejemplo, el Estado podría negociar la construcción de complejos de investigación científica con las grandes casas farmacéuticas, que permitan la generación de patentes de investigación, medicamentos de bajo costo para el país, pero, sobre todo, dejar para el futuro una nueva generación de científicos que no necesiten irse del país para perfeccionar sus conocimientos.

Nuestra idea de promoción de la inversión privada buscará simplificar los procedimientos administrativos públicos, con una desregulación continua para obtener permisos y licencias. Asimismo, la promoción activa de las inversiones nacionales a nivel mundial y garantizar así que ocurran las inversiones extranjeras. Las propuestas de trabajo son las siguientes:

  • Menor tramitología en los ministerios para la generación de grandes proyectos de inversión en los diversos sectores (entre otros, en agricultura, energía, agua y saneamiento, transporte y minería, todo dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible).
  • Incremento de los instrumentos para la promoción del régimen de Obras por impuestos en las regiones, visibilizando el carácter de bien publico de los resultados obtenidos.
  • Mayor definición de sectores estratégicos y productivos con intervención del Project Management Office.
  • Elevar la coordinación en temas de inversión entre gobierno central con los gobiernos subnacionales y la empresa privada nacional y extranjera.
  • Redefinir la guía para la promoción de los sectores estratégicos que oriente correctamente a la inversión extranjera.
  • Profundizar la política peruana en materia de tributación internacional conforme con los estándares internacionales, promoviendo la institucionalización de un equipo técnico y multidisciplinario dedicado al diseño y planeamiento de la postura peruana.
  • Titulación de tierras que reduzca las expropiaciones extrajudiciales; así como el ordenamiento territorial en las localidades y regiones.
  • Reforzar la institucionalidad en Proinversión, así como las estrategias de las cancillerías a nivel mundial.
  • Revisión del régimen general laboral y la arquitectura de la protección laboral que permita impulsar las inversiones nacionales y extranjeras, y a la vez condiciones laborales dignas.
  • Asistencia técnica para el desarrollo de productos nacionales de alto impacto en el extranjero en sectores con alto grado de informalidad.
  • Creación de la ley de protección de las inversiones en los servicios públicos no financieros, así como también la regulación de monopolios naturales y concentración de mercados que abusen de su posición de dominio (rol activo de INDECOPI).
  • Consolidación de las ofertas públicas en el mercado de capitales y las asociaciones público-privadas, reforzando a la Superintendencia de Mercados y Valores.

Proponemos las siguientes medidas de reforma para las instituciones ligadas al manejo económico del país:

  • Ministerio de Economía y Finanzas
    • Priorizar la gobernanza electrónica y transparente en la calidad de gestión del gasto público.
    • Ampliar las estrategias de la administración pública para mejorar la identidad institucional y la sostenibilidad financiera.
    • Búsqueda de mejora en la productividad (remuneraciones) en las instituciones públicas con visión presupuestal y estratégica.
    • Mejorar la normatividad del sistema de compras y licitaciones públicas.
    • Activar en el corto y mediano plazo programas de ayuda económica post pandemia.
    • Reforzar la institucionalidad del CEPLAN, así como los planes de desarrollo concertados entre gobierno nacional como subnacionales que permitan estar alineados con los planes de competitividad nacional y regional.
    • Fortalecimiento de los sistemas nacionales de inversión pública, abastecimiento, inversión pública y modernización del Estado.
    • Recomponer o crear los fondos de estabilización económica, de empleo y de salud.
    • Reconstruir las finanzas públicas del Estado a todo nivel según la ley de responsabilidad y transparencia fiscal.
    • Mayor seguimiento al gasto público a través de la generación de una contabilidad pública mejor organizada y en tiempo real.
    • Generar una mayor descentralización fiscal desde el lado de los ingresos, eficiente y con alta transparencia.

 

  • Superintendencias de Banca y Seguros y AFP
    • Fortalecer el sistema nacional de pensiones: accesibilidad, justicia y equidad.
    • Fortalecer la normatividad de las fusiones y adquisiciones en la SBS.

 

  • SUNAT
    • Otorgar autonomía constitucional a la SUNAT, concentrándola en su misión institucional de forma que se disminuya sustancialmente la tramitología de los ciudadanos y empresas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
    • Fortalecer el recurso humano de la SUNAT para un eficiente servicio a los contribuyentes y al conjunto de la ciudadanía.
    • Incentivar el rol formador de la SUNAT en la conciencia tributaria y de promoción de cultura tributaria.
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