10. Acceso a la justicia, transparencia y lucha anticorrupción.

Además de la crisis sanitaria y económica, en el Perú existe un mal que lo carcome desde hace décadas, pero que, gracias a distintas investigaciones periodísticas y judiciales, recién ha podido ser diagnosticado detalladamente: la corrupción y la crisis del sistema judicial. Los peruanos no solo hemos visto, sino que hemos visto y escuchado a distintos jueces y autoridades judiciales negociar, intercambiar y favorecer investigados a cambio de dádivas.

Los casos más simbólicos de corrupción de los últimos años, Lava Jato, Lava Juez, Los Cuellos Blancos del Puerto, Los Gángsters de la Política, entre otros más, nos obligan, como partido político a tomar medidas drásticas y urgentes para reformar el sistema judicial: garantizar el acceso a la justicia con equidad, celeridad y honestidad; fortalecer las competencias de los jueces, fiscales y policías; empoderar la articulación de poderes del Estado para la investigación; proteger a la ciudadanía frente a denuncias de corrupción de funcionarios, agilizar la normativa actual; y reforzar la labor de fiscalización de la Contraloría (entre otras instituciones públicas).

El Partido Morado tiene un serio compromiso con la lucha anticorrupción, la misma que, además de ser una promesa de campaña cumplida, traza los caminos que, desde el primer día que asumimos el compromiso de representación de todas las peruanas y peruanos, respetamos con honor y dignidad.

Alineado a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU:

Temas abordados en la solución de esta problemática:

El acceso a la justicia es un derecho fundamental de la persona. Para su ejercicio, el ciudadano debe tener conocimiento de lo requerido para su ejercicio o en su defecto contar con abogado de oficio ante falta de recursos o desconocimiento (pagado por el Estado).

Para esto, proponemos contar con abogados que vayan a zonas de pobreza extrema que ofrezcan asesoría a nombre del Ministerio de Justicia. El beneficio es que el ciudadano se sentirá apoyado y se propone por justicia.

Para estos fines, nos enfocaremos en concretar la transformación digital del Poder Judicial, combinando los servicios de expediente judicial digital con la iniciativa de carpeta digital ciudadana, a fin de que sus procesos se resuelvan de forma rápida y transparente. Adicionalmente, para lograr una justicia con equidad, trabajaremos por resolver las situaciones materiales que dificultan el acceso a la justicia para muchos peruanos y peruanos; por ejemplo, se implementaran los denominados juzgados móviles, que acerquen la justicia a más peruanos y peruanas.

Reconocemos que la vulnerabilidad es un concepto que incluye situaciones de desventaja o peligro para la integridad del ser humano, con causas de tipo social, de salud, económica, de acceso a derechos y servicios. Asimismo, debemos entender que todas las personas podemos estar en algún momento de nuestras vidas, sujetos a alguna de estas formas de vulnerabilidad. A estos ciudadanos se les debe atender bajo la premisa de recuperarlos a la brevedad de la situación vulnerable en la que se encuentran con un manejo personalizado y que a la vez monitorice al entorno inmediato, en busca de causas del problema identificado.

De la misma forma, en el Perú tenemos ciudadanos que no podrán salir del todo de alguna vulnerabilidad sin una búsqueda activa por parte del estado, por estar aún fuera del alcance del conocimiento médico, por vivir en zonas de difícil acceso o por estar atrapados en un entorno familiar o social disfuncional e incluso ilegal que coacta sus derechos al volverlos invisibles al estado (como es el caso de la trata de personas y la explotación infantil).

Necesitamos fortalecer la lucha frontal contra la violencia de género, la trata y la explotación sexual, centrando la mirada en la victima. Tenemos leyes que castigan duramente a los perpetradores o a las mafias organizadas, pero es muy poco lo que se ha avanzado frente a la víctima. Necesitamos que se fortalezca la protección, la reparación y la reinserción. Se necesita fortalecer el trabajo articulado intersectorial para reducir la tolerancia institucional a la violencia y el estigma.

La vulnerabilidad por violencia familiar es un primer ejemplo de una situación que tratada a tiempo puede recuperar completamente a la víctima. Entre otras medidas, se incrementará el número de albergues que brinden apoyo psicológico, coaching y alternativas de empleo para evitar que la mujer regrese a convivir con la persona que la violentó de forma física o psicológica. Solo la independencia económica permitirá que la mujer pueda evitar entornos violentos.

Asimismo, se complementará con educación, basada en el respeto a la mujer en todos los niveles, para cambiar la mentalidad de las siguientes generaciones (niños y jóvenes) y para que no se repitan esquemas familiares machistas. Esta información debe ser publicada y reforzada en calles y plazas como en redes sociales.

La vulnerabilidad generada por discriminación de orientación sexual debe ser atendida con estrategias en las que participe la ciudadanía organizada. Continuaremos con los programas donde la evidencia demuestre importantes avances. Los centros de emergencia mujer (CEM), los hogares de refugio temporal (HRT), el trabajo con las instituciones educativas, los centros de salud y salud mental, el sistema de justicia especializado seguirá siendo importantes actores en la lucha contra la violencia de género. La lucha contra la trata de personas, la explotación sexual y otros tipos de explotación están en nuestra agenda pública como prioridad. El uso de mapeo satelital de zonas de explotación minera o forestal ilegal nos permitirá tomar acciones proactivas contra la explotación laboral y la trata de personas.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, plantearemos una política nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil, que debe entrar en vigor a la finalización de la actual estrategia, con la aplicación del Modelo municipal para la prevención y erradicación del Trabajo Infantil y prioriza las actividades que concentran mayor presencia de esta población en actividades económicas.

Finalmente, es importante reconocer el aporte de las personas con discapacidad que deben ser enfocados bajo la premisa de tener una vulnerabilidad pero que con el acceso a tecnología y mecanismos legales de acción afirmativa pueden desarrollar sus proyectos de vida. Para estos casos, los mecanismos de financiamiento de la salud incluirán el soporte psicológico y emocional para la familia, cuidadores y representantes legales, así como una cobertura de atención médica garantizada, con fondos de salud para enfermedades de alto costo, según corresponda.

Creemos en el enfoque de equidad de género y por eso combatimos las profundas desigualdades entre hombres y mujeres, que afectan principalmente a las segundas. Consideramos, a partir de nuestros principios políticos republicanos, que el enfoque de equidad de género debe ser un valor transversal en la aplicación de todas las políticas públicas, lo que garantizará la plena realización de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres.

Por eso, vamos a promover la revisión de la Política Nacional de Igualdad de Género, y propondremos las modificaciones necesarias a la normativa vigente sobre la materia, entre otras de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, a fin de adecuarlas a las nuevas exigencias ciudadanas.

También promoveremos las políticas públicas necesarias que aseguren una vida digna y plena en un ambiente de respeto y bienestar para todos, materializando así lo previsto en nuestra Constitución Política y en los compromisos internacionales de los que somos parte, como  la  Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

En el tema de violencia sexual y el embarazo forzado, debemos considerar que el embarazo en adolescentes es la primera causa de abandono escolar y la baja escolaridad es la causal del trabajo precario y sin derechos. Necesitamos luchar con la discriminación e injusticia al que son obligadas las mujeres a llevar un embarazo forzado. La criminalización del aborto jamás ha sido una solución y mata. Mientras la mayoría de los países ya está incluyendo en sus legislaciones la despenalización total, aquí solo lo admitidos en condiciones sumamente extremas, sin importar la vida de las mujeres. Todas las instancias de derechos humanos se han pronunciado en contra de la criminalización, porque no es efectiva, denigra a las mujeres y porque pone a los profesionales de salud en el terrible rol de obligar a las mujeres a un embarazo no deseado.

Necesitamos que nuestras niñas y adolescentes, sean protegidas del matrimonio infantil, pues estas uniones suelen darse con hombres mucho mayores que ellas y las somete a condiciones de desventaja. El embarazo no es razón para que se convierta en esposa.

Nuestras propuestas incluyen además al sistema de salud para trabajar en el acceso a los servicios especializados de salud sexual y reproductiva. La atención de la salud abordará aquellas amenazas que son causan morbilidad y que tienen a su vez enorme impacto sobre el desarrollo y la igualdad de género, como es el acceso garantizado a la salud sexual y reproductiva, que asegura no solo el bienestar de las mujeres, sino de sus hijos e hijas. El Partido Morado se propone cerrar las brechas de información y servicios que afectan de manera particular a las niñas y adolescentes para reducir el embarazo en este grupo etario.

En el tema de los derechos LGBTIQ+, en el contexto latinoamericano cuentan con matrimonio igualitario: Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. En el caso de la Unión Civil: Chile y Ecuador. Estos marcos legales se instauraron en estos países desde el año 2009 y continuaron promulgándose hasta el año 2015 y Asimismo, cuentan con ley de identidad de género Argentina (2012) y Uruguay (2009). En la región somos uno de los pocos países que no cuenta con una legislación que coloque en términos de igualdad a las personas LGBTIQ+.

Necesitamos erradicar la discriminación que aún impera en nuestro medio; familias de personas del mismo sexo a las cuales se les niega reconocimiento legal, niños y niñas que se les niega derechos de tener los apellidos de sus padres o madres, personas a las que se les obliga a negar su propia identidad para no perder el trabajo, entre otros.

Este enfoque integral de los derechos permite reforzar la lucha contra la discriminación racial. Vamos a educar en valores republicanos para que la infancia crezca sabiendo que su raza, cultura, fé, idioma, género u orientación sexual no determinarán su futuro.

El Partido Morado está profundamente comprometido con el sueño republicano de que cada ciudadana y ciudadano pueda realizar sus proyectos y planes de vida en el marco de los principios constitucionales y valores humanistas. Queremos que ese sueño sea garantizado para todos, pero especialmente para las minorías en su diversidad de expresiones.

Por eso, desde nuestros principios políticos republicanos, creemos en el Estado Laico, que se basa en la autonomía de éste en relación con las diferentes creencias particulares, modos de entendimiento de la vida y religiones existentes. Eso significa que las políticas públicas deben elaborarse siempre bajo el principio de la laicidad. No obstante, afirmamos también nuestro respeto y reconocimiento al rol de las organizaciones religiosas en la vida de la nación, así como las acciones que realizan en favor al apoyo social y asistencia humanitaria a los sectores más vulnerables.

Afirmamos la necesidad de que el Estado deba cumplir con su deber de consolidar la laicidad, sobre la base de nuestra creencia en el derecho a la libertad de conciencia y de religión, de manera individual o asociada. No aceptamos el uso de la religión con fines políticos ni su prédica para fomentar abusos o discriminación, y pensamos que las instituciones estatales deben desarrollar y promover actitudes de respeto para con todas las confesiones religiosas.

El Partido Morado apuesta por el fortalecimiento y especialización de jueces, fiscales y policías, así como en un trabajo integrado de estas instituciones, que permita perseguir los delitos y brindar una protección adecuada a las víctimas.

Dentro de este marco, nos enfocáremos en promover la capacitación de jueces, fiscales y policías respecto a temas de violencia de género, para evitar que el sistema judicial continúe victimizando a quien ha sufrido un delito. Somos conscientes que la justifica se imparte en un contexto cultural, que muchas veces genera sesgos en los juzgadores; razón por la cual, la capacitación en temas de género resulta esencial.

Adicionalmente, debido a la especialización de muchos delitos, se ha considerado necesario implementar grupos de trabajo multidisciplinarios, en donde participen economistas (delitos financieros), ingenieros ambientales (delitos contra el medio ambiente), entre otros profesionales.

Propondremos aprobar a la brevedad posible el proyecto de ley que permita investigar sin trabas a jueces y fiscales sospechosos de estar involucrados en organizaciones criminales.

El equipo especial Lava Jato y Lava Juez ha desterrado los privilegios en la administración de justicia. No obstante, si alguno de los jueces o fiscales sufre un percance, la investigación se entorpece o detiene, y esto debe evitarse.

Por ello, propondremos crear un sistema fiscal especializado en estos delitos, que contará con los recursos necesarios para realizar un trabajo técnico y sólido. Este sistema estará integrado por la Fiscalía Suprema Anticorrupción para cubrir temas de competencia nacional y las fiscalías superiores y provinciales especializadas en cada distrito fiscal.

Los ciudadanos vemos en el día a día que los delincuentes o los corruptos pueden llegar a ser identificados y hasta detenidos, pero el esfuerzo de la policía muchas veces se pierde cuando un fiscal deja libre al sospechoso. El esfuerzo del fiscal, a su vez, se pierde con una sentencia demorada en medio de la burocracia judicial, o las sentencias no llegan a ejecutarse por una mal utilizada inmunidad parlamentaria, una acción de amparo sin justificación o un entrampamiento en segunda instancia.

Sumado a ello, el sistema penitenciario no nos protege de los malos elementos de la sociedad al permitir las mafias y extorsiones desde las cárceles.

Desde el Partido Morado planteamos un concepto nuevo: la cadena de valor de la seguridad y la justicia, en donde, a través de la tecnología, los ciudadanos estén siempre al tanto de qué efectivo policial, qué fiscal y qué juez están manejando cualquier caso, con un sistema público y transparente de valoración de la acción del funcionario, verificando así que cada etapa del proceso entregue la información necesaria al siguiente paso en la administración de justicia.

Para combatir la corrupción se requiere una estrategia que articule en simultaneo prevención y detección, pero además empoderar la investigación y la sanción a todos los niveles que pudieran existir. Se trata de una tarea de participación conjunta de las entidades públicas y la sociedad en su conjunto.

Por ello, el Partido Morado no es ajeno a los esfuerzos trabajados a la fecha, y en esa línea propone establecer un enfoque determinado y claro de las funciones actuales de las Oficinas de Integridad Institucional, orientándolas a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad al interno de cada organización.

Proponemos la designación de un responsable para la prevención de la corrupción con una o más oficinas a su cargo, sus tareas serían principalmente de prevención y fomento del cambio en la cultura organizacional, tendrán la posibilidad de reportar directamente al titular del organismo y estarán protegidas de discriminación como resultado del desempeño de sus funciones.

Un código normativo es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas jurídicas de un Estado, es decir, un cuerpo legal o compendio ordenado de la legislación aplicable en diversas materias ya sean de índole privada o pública con el objetivo de buscar la eliminación de redundancias, la ausencia de lagunas y la universalidad: esto es, que no existan normas jurídicas vigentes, en una materia específica, fuera de dicho compendio.

En ese sentido, el sistema jurídico peruano cuenta con ciertos códigos que facilitan la labor legal en materias tales como civil y penal; sin embargo, existen materias en las que la normatividad vigente y actualizada se encuentra dispersa, lo que dificulta el trabajo legislativo y jurídico en el sistema electoral, o laboral, por nombrar algunos ejemplos.

Por lo tanto, el Partido Morado, con el objetivo de simplificar la normatividad y al mismo tiempo eliminar o evitar redundancias, propone el impulso de la creación del Código Electoral y el Código Procesal Electoral, así como el Código Laboral.

Asimismo, con la ayuda de las tecnologías de información, fortalecer y la plataforma del Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ) para hacerla amigable y entendible a los ciudadanos y ciudadanas.

Estableceremos un sistema de recompensas a cargo de la Controlaría General de la República para funcionarios y ciudadanos que denuncien actos de corrupción en la administración pública debidamente verificados.

Para esto, es necesario involucrar a la ciudadanía en todos los espacios de los procesos de licitación del estado, difundiendo no solo el listado de obras públicas en planeamiento o ejecución, sino también los detalles de expediente técnico, financiamiento y situación judicial de los postores. Esta información, que a la fecha es pública, no se encuentra disponible de manera amigable. El beneficio de la transparencia es reducir el riesgo moral de corrupción.

Las estrategias de gobierno abierto y transparencia en la información disponible a la ciudadanía se complementarán con difusión de las herramientas disponibles para una veeduría ciudadana real y con resultados.

Así mismo, es necesario fortalecer la Contraloría y dotarla de mayor personal. La labor preventiva es muchísimo más beneficiosa puesto a que resulta más económica que las demás; y el financiamiento se realizaría a través de cajas fiscales. En muchas regiones del Perú, la corrupción no solo no ha disminuido, sino que continúa agravándose.

Asimismo, reforzaremos la Autoridad Nacional de Transparencia e Información, transformándola en un Organismo Técnico Especializado (OTE) independiente, cuyos miembros serán elegidos por concurso público. Esta entidad podrá sancionar a la entidad en falta, en un proceso corto y con tribunal propio.

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