03. Calidad de vida: salud y trabajo dignos.

Defender, reconocer y reivindicar la dignidad de las personas es una obligación y un compromiso de los gobiernos. Este compromiso empieza desde el reconocimiento de las necesidades básicas del ser humano y, en ese sentido, la vigilancia y cuidado de las condiciones de vida, el acceso a salud de calidad y la garantía de trabajar libres de explotación, denigración o inestabilidad se convierten en el pilar de esta propuesta.

Las necesidades más básicas de la salud pública se relacionan con la efectividad y prontitud de la prestación de salud, las posibilidades de financiamiento o aseguramiento del pago de la misa, la calidad y cumplimiento de los estándares de atención definidos por el ente rector y la priorización que el sistema le otorga al componente preventivo y promocional en el primer nivel de atención, que busca desconcentrar la demanda y evitar el uso innecesario de la capa de atención de alta complejidad. Estas necesidades no se cumplen en el sistema de salud peruano actual y entre las causas detrás de esta problemática se pueden enumerar: la fragmentación y desarticulación de los sistemas de salud pública, el colapso de los sistemas de financiamiento de la salud, fruto de una política asistencialista que no tiene como sustentarse y fomenta la informalidad y la carencia de un verdadero fiscalizador de la calidad del servicio y de la eficiencia del gasto en salud.

Así, si pensamos en Juan y María como dos trabajadores ambulantes que dependen de su creatividad y esfuerzo para ganar los recursos necesarios para vivir, vemos que son parte de ese 35% de peruanos que trabajan como independientes. No tienen atenciones de salud, por parte del Estado, que cubran enfermedades de mediana y mayor complejidad (salvo atenciones muy básicas que cubre el SIS). Tampoco tienen muchas ganancias como para asegurar la educación de sus hijos y tener una vivienda propia.

Cuando Juan y María necesitan atención para ellos, sus hijos o sus padres, se encuentran con una red de salud desarticulada, maltrato en los hospitales y la necesidad de comprar medicinas, porque lo que les prescriben no están disponibles en el lugar de atención. El establecimiento al cual acuden Juan y María, por lo general, no resuelve su problema de salud, pues no cuentan con servicios diagnósticos a la mano y en el lugar donde viven, no hay establecimientos al que puedan referirle con facilidad. Esto hace que lleguen tarde al tratamiento. Si necesitaran cambiar de hospital, lo más probable es que tengan que repetir exámenes y volver a ser entrevistados para crear sus historias clínicas.

El desembolso económico que tendrán que hacer Juan y María para la atención de un problema de salud que demande atención médica disminuirá su capacidad para comprar alimentos, produciendo graves problemas no solo en ellos, sino en el resto de la familia.  Lamentablemente, la falta de acceso no es el único problema, pues, si necesita una intervención quirúrgica, no encontrará cama disponible o los equipos diagnósticos estarán malogrados y mucho de esto se deberá a la corrupción; que se lleva una gran parte de los recursos de los establecimientos.

El Partido Morado considera indispensable hacer una reforma del sector salud, desarrollando un sistema público unificado de salud, y modernizar el sector, así como promover el emprendimiento y la formalización de los trabajadores independientes. Ello permitirá garantizar el acceso universal a la atención de la salud y hacer que cada peruano y peruana sea titular de derecho.  Ello permitirá aumentar el potencial de desarrollo de las personas, su productividad y la protección social. La formalización permitirá aumentar su productividad a la vez que sus ingresos y sus protecciones sociales. En primer lugar, las políticas de emprendimiento suponen identificación de oportunidades empresariales con futuro, capacitación de los independientes, acceso a nuevas tecnologías y ampliación de mercados (incluida la exportación). En segundo lugar, a efectos de llevar políticas de emprendimiento es necesario saber quiénes son los emprendedores y qué capacidades tienen, por lo que resulta muy importante formalizarlos.

Casi el 90% de independientes no pagan tributos por las ganancias de su trabajo, por lo que son considerados informales. El proceso de formalización de los independientes no sólo promoverá una mayor productividad, sino que además debe suponer el acceso a mejores condiciones de vida y trabajo.

Alineado a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU:

Temas abordados en la solución de esta problemática:

Desde la conformación del Acuerdo Nacional, el consenso de todas las fuerzas civiles y políticas ha sido integrar todos los sistemas de salud en uno, para aumentar la eficacia, eficiencia, y la gestión de todos los servicios públicos de salud y, sin embargo, las ideas del Acuerdo Nacional no han sido considerados en los planes ejecutados por los gobiernos hasta la fecha. La administración de la salud en nuestro país es uno de los elefantes burocráticos más grandes de nuestro sistema, además de ser uno de los más lentos e ineficientes, alberga en sus entrañas la corrupción. Se pierden millones de recursos en procesos burocráticos que no generan productos, ni aceleran los procesos, en una entidad donde la ejecución del gasto, la adquisición de bienes y servicios debe ser en forma inmediata porque la salud de la población lo requiere.

En el Partido Morado consideramos esta meta una prioridad del plan de gobierno, pero también somos responsables en afirmar que el proceso no puede lograrse con unos decretos o promulgando algunas leyes. La construcción del Sistema público unificado de Salud incluirá el aumento progresivo del financiamiento de la salud pública desde los valores actuales (aproximadamente S/ 800 por persona al año), hasta alcanzar un gasto per cápita equivalente al de los países referentes en la región: Colombia (aprox. S/ 1 400), Chile (S/ 3 200) y Uruguay (S/ 4 500).

Para esto, el sistema de salud peruano debe reformularse en cada uno de sus niveles:

  • Otorgando autonomía y más atribuciones de fiscalización a SUSALUD, para la defensoría del paciente.
  • Estableciendo progresivamente la homologación de servicios, costos operativos y condiciones laborales de las redes de salud, que permitan una portabilidad del financiamiento de la salud.
  • Estandarizando la salud digital con la implementación de estándares internacionales para la compatibilidad de los sistemas de historia clínica electrónica: el DNI como número único de historia clínica, seguridad social y seguros de salud.
  • Estableciendo entidades de articulación de los servicios de salud, que utilicen la portabilidad del financiamiento y de la historia clínica para cumplir las metas de salud pública del país: redes integradas e integrales para la prevención y promoción de la salud, fortalecimiento del primer nivel y salud comunitaria.

Con las herramientas que la modernidad nos impone es posible que los trámites burocráticos sean reducidos en tiempo, con un mejor control de los gastos y realmente haciendo cumplir los controles de las herramientas contables y administrativas, logrando un ahorro para el estado desde el primer año  de gobierno en gasto administrativo. Las siguientes medidas se implementarán en el marco de la unificación del sistema:

  • Incrementar el presupuesto del sector salud e Integrar el financiamiento proveniente de diferentes fuentes públicas, garantizando su administración integrada, eficiente y transparente.
  • Acelerar la especialización y separación de funciones: gobierno, prestación, financiamiento, supervisión de todas las instancias que constituyen el sector salud: MINSA, EsSalud y Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales.
  • Fortalecer el rol del Sistema Nacional Descentralizado y Coordinado de Salud mediante la Constitución y funcionamiento de los Consejos Regionales y Provinciales de Salud, estableciendo el carácter deliberativo y consultivo de las autoridades tanto regionales como locales.
  • Fortalecer SUSALUD como instancia autónoma de defensa de los y las usuarias de los servicios.
  • Devolver al gobierno central (MINSA) la autoridad sanitaria que actualmente no tiene, generando un vacío en la conducción sanitaria en la Capital. Actualmente, después de la derogación del Instituto de Gestión de Servicios de Salud que aprobó el anterior Congreso, no ha sido reemplazado; generando un vacío que hace imposible su adecuada gestión.

Finalmente, en el modelo propuesto de sistema unificado, implementaremos la figura del “articulador de salud”; un profesional con el encargo específico de ejecutar las políticas de salud pública del primer nivel de atención: comprobar el cumplimiento de las estrategias preventivas, seguimiento de casos epidemiológicos, defensoría del paciente, etc.

La salud es un derecho humano y es deber del Estado garantizarlo para todos sus ciudadanos. La situación actual nos ha demostrado que enfocarse solo en una atención de la salud de tipo recuperativa no permite abarcar las múltiples necesidades que tiene la población. Tenemos que cambiar el paradigma que afirma que la salud de la población se maneja teniendo mayor infraestructura hospitalaria, o más opciones terapéuticas, sino logrando cambios reales en la calidad de vida de los ciudadanos que evite que estos sufran algún tipo de enfermedad, o de tenerla, se evite la aparición de complicaciones.

La Organización Mundial de la Salud, ha oficializado el enfoque multideterminante en los factores que afectan la salud, en los cuales se ven involucrados la educación, el trabajo y todo aquello que asegure una mejor calidad de vida al individuo y a su familia.

Como su nombre lo refiere; ¨el primer nivel de atención¨, es el primer contacto que tiene el sistema de salud con la población, así que se convierte en el principal vínculo de nuestros ciudadanos con el Estado, lo que obliga a este nivel a ser el más eficiente, el más participativo, el más integral en la atención de la población. Además de esto, nuestro sistema de salud se rige aún bajo el concepto obsoleto, en el que el ciudadano no es el dueño de su información y donde, a pesar de ser su derecho, se le ponen trabas para llevar su historia clínica de una institución a otra. La solución planteada desde el 2013, con la ley de historias clínicas electrónicas, quedó estancada por falta de reglamente hasta el 2017 y su implementación no ha pasado de ser un programa piloto. Hacer que este sistema funcione a nivel nacional debe ser una prioridad del ministerio de salud.

La realidad de nuestro primer nivel de atención es desastrosa: el 80% de sus recursos se destinan a gastos corrientes, especialmente salarios y el resto a inversiones, dando como resultado que el 80% de la infraestructura sea inadecuada, equipamiento obsoleto e inoperativo por falta de mantenimiento. Una tercera parte de los establecimientos de salud de primer nivel, que se supone, debería ser más cercanos a la población, no tienen servicio de agua potable y dos terceras partes no tienen acceso al internet. El rostro más dramático de la precariedad es el recurso humano, con una brecha de 70 000 trabajadores, 8 000 de los cuales son especialistas. La débil gestión y una inadecuada descentralización limitan la implementación de planes de largo plazo y el alineamiento de las intervenciones hacia el logro de grandes objetivos nacionales y macrorregionales.

El Partido Morado propone la implementación de sistemas integrados de atención, para todas las estrategias sanitarias, con un enfoque de atención integral familiar. Con estratégicos de intervención sanitaria a corto, mediano y largo plazo y con un eficiente monitoreo, evaluación y acompañamiento de la gestión en el primer nivel. Para ello proponemos las siguientes políticas:

  • Repotenciar los establecimientos de primer nivel que funcionen en el marco de los sistemas integrados y redes de servicios.
  • Contar con equipos de salud multidisciplinarios con las competencias adecuadas para implementar el modelo de atención integral de salud.
  • Fortalecer las acciones estrategias de salud pública en el primer nivel de atención orientado en el fortalecimiento de la educación en salud, la atención preventiva, la asistencia y la derivación oportuna.
  • Promover la participación comunitaria en salud, desarrollando acciones coordinadas con la comunidad.
  • Fortalecer y ampliar los procesos de cogestión de los servicios, con participación de la comunidad organizada.

Finalmente, la reivindicación del trabajador de salud y la mejora de sus condiciones de trabajo requiere una reevaluación del presupuesto nacional. El presupuesto que el estado gastará en cada sector durante el año 2021 se planifica y aprueba a fines del 2020, pero después de evaluar cómo se invirtió gastó hasta el 31 de diciembre del año 2019. Esta es la manera en que los gobiernos trabajan y es un ciclo que ocurre año tras año. Es necesario que el gobierno sea abierto y honesto en las negociaciones y se plantee, desde hoy, la necesidad salarial del sector para el año 2021 y en adelante. Es decir, plantearse verdaderas metas a largo plazo.

No podemos continuar dependiendo de un sistema de salud público en el que la información es inexacta, vulnerable e insegura. No es necesario que el estado desarrolle una plataforma propia, pero si validar el cumplimiento de dichos estándares por los desarrolladores de sistemas. Para ello se plantean las siguientes acciones:

  • Uso de estándares internacionales de intercambio, encriptación y validación de la información de los pacientes, que permita la referencia y contra referencia entre instituciones públicas y privadas en base a una historia clínica electrónica, con un identificador único: el DNI.
  • Implementar la telesalud en todos los establecimientos de primer nivel para lo que se deberá dotar de equipamiento y de internet a todos los prestadores de salud.
  • Potenciar el uso de las telecomunicaciones para brindar atención médica en zonas que no cuentan con atención de salud regular.
  • Expandir la red de internet a todos los establecimientos de salud, en el mismo esquema que se está implementando en el sector educación. Los profesionales de la salud podrán utilizar Tablets o computadoras con acceso a Internet en su actividad.
  • Implementar la historia clínica electrónica, fortaleciendo la interconectividad y el acceso al establecimiento que se necesita cerca del lugar de residencia.
  • Implementar la receta electrónica, que permitirá utilizar cadenas de farmacias para que los pacientes reciban su medicación siendo cubierta por el sistema de financiamiento público al que pertencen.

Por décadas la nutrición ha sido un tema en agenda constante como factor indispensable para una vida sana, sin embargo, hasta la actualidad sigue siendo un factor pendiente por impulsar plenamente.

En el Perú los niveles de inseguridad alimentaria se vienen agudizando, conllevando a elevar la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, debido al incremento de consumo alimentos ricos en nutrientes críticos a comparación de los alimentos naturales y de preparación casera. Sin embargo, el hambre es la contraparte que en la actualidad viven miles de peruanos, sobre todo los más pobres. En ambos casos, la cultura nutricional y la calidad alimentaria cumplen un rol fundamental, y está centrado en poder asegurar el derecho a una alimentación donde no exista hambre, pero que a la vez se asegure una alimentación nutritiva, saludable y aceptable culturalmente. Asimismo, la seguridad alimentaria abordada desde un espectro interdisciplinario asegurará el acceso físico, económico y constante a alimentos seguros y nutritivos.

Otro aspecto sustancial es la promoción de los entornos y sistemas alimentarios, donde se promueva ambientes saludables para el consumidor. Aunado a ello de una regulación y control de marketing en medios de comunicación respeto a alimentos procesados con elevados nutrientes críticos ya tenemos una política de alimentos saludables (octógonos), lo que necesitamos es seguir avanzando hacia una alimentación saludable a través de la educación y promoción. Por último, el impulso de la participación ciudadana que aboga e incide por una alimentación saludable, marca la pauta para un control social en todos los ámbitos de la sociedad y cambio cultural del territorio. Aquí sería clave proponer una mayor promoción a la pequeña agricultura, que resulta clave para el abastecimiento de alimentos sanos. Adicionalmente se implementarán algunas políticas específicas:

  • Promoción del derecho a la alimentación adecuada. Es sumamente importante potenciar el trabajo hacia un enfoque de “derecho a la alimentación”, que incluya estar protegido contra el hambre y también acceder a una alimentación adecuada. Por la propia naturaleza social de la alimentación, es necesario un abordaje intersectorial para producir impactos positivos en salud, trabajando sobre sus determinantes sociales y resguardando los derechos de las personas. Asimismo, reconociendo, respetando e integrando su conocimiento previo, cultura y cosmovisión, elementos todos que conforman la cultura alimentaria de una comunidad, en forma articulada con los gobiernos regionales y locales.
  • Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional. Lograr que todas las personas tengan en todo momento acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades.
  • La generación de acciones destinadas a proveer de información las personas para la toma de decisiones alimentarias que protejan su salud, profundizando las estrategias de educación para la salud alimentaria y nutricional en todos los ambientes, así como la lactancia materna, creando espacios adecuados para ésta y protegiendo la libertad de su práctica.
  • Impulsar la participación ciudadana y el control social, ofreciendo información relevante y basada en evidencia a la población que les permita tomar decisiones informadas en materia de su alimentación y nutrición e incluyendo a la ciudadanía para su participación continua en instancias como mesas de trabajo, consultas públicas, comisiones, entre otros.

La atención de las enfermedades crónicas, que pueden empezar incluso en la infancia, no solo se debe enfocar en el paciente y su tratamiento. La familia es afectada muchas veces por la necesidad de cubrir aspectos secundarios a la enfermedad. Las circunstancias que rodean al inicio de estas enfermedades pueden ser económica y psicológicamente devastadoras para todos los miembros de estas familias y esto impacta a su vez en la calidad de vida del paciente.

Nuestro enfoque parte de esta premisa para incluir en la cobertura de aseguramiento del paciente crónico la evaluación periódica de su entorno familiar, consejería psicológica y capacitación en los cuidados y precauciones adicionales que el paciente puede requerir para que la familia se convierta en un verdadero soporte para la dignidad y bienestar del paciente.

En nuestra propuesta, el aseguramiento de la salud migrará progresivamente a un sistema de protección de núcleos familiares en lugar del aseguramiento únicamente individual. Este enfoque permitirá la identificación de personas con necesidades especiales de aseguramiento (que a su vez requieren una intervención de soporte psicológico para los demás miembros de la familia). La asimilación progresiva y voluntaria de familias al sistema solo requerirá un compromiso de declaración de ingresos (con la consiguiente formalización de las personas y su inclusión en los sistemas de monitoreo del estado).

Con esta propuesta haremos más humano el tratamiento de enfermedades incapacitantes que por su alto costo de mantenimiento afectan desastrosamente a la economía de las familias más pobres del país: cánceres, insuficiencia renal, cardiovasculares, compromiso neurológico, psiquiátrica o degenerativa.

Dado que el 35% de la PEA lo constituyen trabajadores independientes, es indispensable promover su emprendimiento y formalizarlos. Ello permitirá aumentar su productividad a la vez que sus ingresos y las protecciones sociales. En primer lugar, las políticas de emprendimiento suponen identificación de oportunidades empresariales con futuro, capacitación de los independientes, acceso a nuevas tecnologías y ampliación de mercados (incluida la exportación). En segundo lugar, a efectos de llevar a cabo políticas de emprendimiento es necesario saber quiénes son los emprendedores y qué capacidades tienen, por lo que resulta muy importante formalizarlos, es más la formalización debe suponer una mejora en las condiciones de vida digna.

Se incorporará una modalidad de trabajo independiente como en otros países. El trabajador autónomo o independiente que paga su seguridad social equivalente a un importe mínimo y fijo y que tributa formalmente según escalas con opción a deducir gastos, y accede a servicios de salud y un seguro bien acotado por desempleo por un tiempo definido y con características específicas.

En la actualidad, el Sistema Peruano de Pensiones, tanto público como privado, atraviesa por una larga crisis ahondada por las medidas populistas adoptadas durante la pandemia; lo que hace necesario abordar una reforma profunda del sistema que garantice su sostenibilidad, la ampliación de su cobertura y la mejora de pensiones de los sistemas contributivos; apostando por lograr una protección social universal en base a sistemas no contributivos.

La protección social de nuestros jubilados y adultos mayores es esencial para lograr el objetivo de inclusión social. Aunque actualmente las medidas de jubilación se proyectan básicamente sobre nuestro empleo formal (25% de la PEA), este esquema es inviable por el número reducido de aportantes. Es necesario incorporar al sistema de jubilación a los trabajadores pertenecientes al empleo informal (básicamente, independiente). Las medidas que permitan ampliar la base de aportantes, con el fin de contar con una pensión de jubilación universal, están dirigidas a facilitar el acceso de cualquier persona al sistema previsional e incentivar una cultura previsional en la población peruana.

Aunque los ciudadanos tienen derecho a ser cubiertos por el SIS o la seguridad social, muchas veces sigue siendo necesario acudir a centros privados, laboratorios o farmacias por la falta de citas, insumos o medicamentos en el sector público. La reducción de este gasto de bolsillo considera varias estrategias a implementar al mismo tiempo: ampliar las coberturas de seguros públicos con aseguramientos por núcleo familiar, enfermedades raras y degenerativas, unificar las compras de medicamentos a nivel país para garantizar abastecimiento y precios bajos, certificación única de calidad de laboratorios públicos para reducir duplicidad de exámenes y el uso combinado de seguros públicos y privados en la red nacional.

Por lo general, las personas que están sanas no saben que tienen SIS hasta que lo necesitan, porque el SIS los afilia masivamente, sin su conocimiento. Por lo tanto, la percepción de la población es de desamparo y a muchos no les interesa la afiliación hasta que se enferman; principal razón por la que no se puede cerrar la brecha de aseguramiento.

Cuando las personas necesitan la atención de salud y acuden a un establecimiento público, la atención se retrasa por el proceso de afiliación propiamente dicho, o por el esclarecimiento de si tienen derecho o no al SIS, o si están o no afiliadas, a qué plan, con qué cobertura, desde cuándo, o si están afiliadas a otro seguro, o si están en periodo de carencia, o si son recién nacidos, o si viven en -o vienen de- una localidad remota a la que la afiliación no ha llegado, etc.

En el modelo que proponemos, para la atención inmediata del paciente en un establecimiento público solo se necesitaría el DNI. El paciente sería atendido inmediatamente, y cubierto inicialmente, por el SIS. Luego de su identificación y atención, el SIS determinaría a qué IAFAs pertenece y realizaría el cobro correspondiente. Si no pertenece a ninguna, entonces es claro que le pertenece al SIS. Hasta aquí, el paciente ya fue atendido, oportunamente, y la brecha de aseguramiento está cerrada.

Con cifras del año 2019, el Perú tiene uno de los gastos per cápita en salud más bajos de la región de las Américas. Esto representa US$ 270 per cápita por año, o S/. 2.6 por día y por cada habitante del país.  

Las políticas para ampliar el aseguramiento, especialmente vía el Seguro Integral de Salud, tanto en número de afiliados como en cobertura financiera, han sido insuficientes. Esto, sumado a la mala calidad y capacidad resolutiva de los servicios conduce a las personas a seguir gastando de bolsillo. Un aspecto muy relevante que resaltar es que cerca del 80% del gasto de bolsillo es para adquirir medicamentos. Así, aunque los ciudadanos tienen derecho a ser cubiertos por el SIS o la seguridad social, muchas veces sigue siendo necesario acudir a centros privados, laboratorios o farmacias por la falta de citas, insumos o medicamentos en el sector público.

La reducción de este gasto de bolsillo considera varias estrategias a implementar al mismo tiempo: Ampliar las coberturas de seguros públicos con aseguramientos por núcleo familiar, enfermedades raras y degenerativas, unificar las compras de medicamentos a nivel país para garantizar abastecimiento y precios bajos, certificación única de calidad de laboratorios públicos para reducir duplicidad de exámenes y el uso combinado de seguros públicos y privados en la red nacional.

Adicionalmente, vamos a centralizar la logística de compra de medicamentos (privilegiando a los genéricos) e insumos esenciales, así como de su distribución directa al usuario; unificando el sistema de compras de medicamentos. Crearemos alianzas estratégicas para la distribución de medicamentos e insumos, asegurando llegar hasta el último lugar de dispensación y, con el empleo de la historia clínica electrónica, aseguraremos la disponibilidad de medicamentos esenciales en la farmacia del barrio, que podrán ser entregadas a través de recetas electrónicas.

El fortalecimiento de los actuales Programas Sociales es indispensable para lograr un mayor alcance de beneficiarios. Entre las propuestas a realizar en el gobierno del Partido Morado tendemos:

  • Apoyo a familias con algún miembro del grupo familiar con algún tipo de discapacidad cognitiva – mental severa para el acceso a terapias médicas, medicamentos y transporte independientemente al grupo económico que pertenece. Una propuesta es a través del fortalecimiento de las OREDIS en los gobiernos regionales y las Omaped en los gobiernos locales.
  • Las PCD requieren de certificación para acceder a los programas sociales y otros servicios. En zonas rurales o zonas indígenas no hay quien lo haga. La propuesta es personal calificado para la certificación, debe ser gratuita en los centros de salud.
  • Revalorizar el trabajo de psiquiatras y psicólogos a nivel nacional, coordinando con MINEDU la incorporación progresiva de psicólogos con especialidad en educación en las unidades escolares públicas bajo la modalidad de población escolar asignada, generando en la ciudadanía una conciencia del equilibrio psicológico en la escuela y el hogar para un mejor manejo del bullying, discriminación y detección temprana de trastornos de la personalidad en los escolares.
  • Creación de línea de consulta única al ciudadano para que puedan llamar y consultar a que servicios pertenecen, a donde acudir acorde a sus requerimientos y /o posterior derivación a otros servicios del estado.
  • Creación de planes de aseguramiento con cobertura no solo del paciente sino también de las necesidades psicológicas y emocionales del adulto mayor, la persona con discapacidad y el entorno familiar inmediato.

María trabaja, desde hace 10 años, en una empresa a la que se le llama informal porque no paga tributo alguno por sus ganancias. María tiene una remuneración que no llega ni al sueldo mínimo vital; trabaja en una situación de inseguridad, dado que varios de sus compañeros han sufrido accidentes. No le pagan beneficios sociales y no goza de vacaciones. Es decir, María trabaja al margen de la aplicación de las normas laborales peruanas.

En el Perú, el 75% de las personas que trabajan tienen un empleo informal.

El Partido Morado considera prioritario que todas las personas que trabajan lo hagan en igualdad de condiciones. La búsqueda de un trabajo digno y el fomento de la formalización de los puestos de trabajo debe ser el objetivo fundamental de nuestra política laboral.

En este sentido, el fortalecimiento de la Superintendencia de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y el fortalecimiento del servicio civil, como requisitos básicos para lograr la formalización de los puestos laborales. De allí que, de un lado, será importante consolidar su organización y perfilar sus competencias, pero, de otro, debe diferenciar la informalidad sustentada en el fraude y la informalidad que nace como un recurso para la sobrevivencia. En el primer tipo de informalidad la aplicación de la ley debe ser efectiva e inmediata, mientras en el segundo tipo deben promoverse planes temporales de fomento empresarial que generen en el mediano plazo la formalización de la empresa (obviamente, bajo supervisión de SUNAFIL).

Finalmente, el caso de María es un caso extremo, ya que no tiene ningún tipo de protección laboral. Sin embargo, existen trabajadores que pese a tener algunas protecciones laborales, la propia ley los coloca en una situación de desigualdad. Es el caso de los trabajadores temporales reconocidos por ley, que en realidad no son trabajadores temporales, o de los trabajadores a tiempo parcial. El Partido Morado reafirma su compromiso en brindar a todos los trabajadores igualdad de protecciones y garantías.

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One thought on “03. Calidad de vida: salud y trabajo dignos.

  1. La calidad de vida de las personas requiere como nivel básico el acceso para todos al agua, luz e internet, y tratamiento de residuos. Sin el tratamiento de estos elementos los desarrollos posteriores no podrán ser posibles con tecnología o sin ella. Estas areas hacen posible todo lo demás.

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