01. Inversión en las personas y sus talentos para una nueva sociedad de ciudadanas y ciudadanos.

El republicanismo del Partido Morado apunta a la construcción de un país de ciudadanos y ciudadanas donde todas y todos nos veamos como iguales en dignidad y libertad, como parte de una comunidad donde valoremos nuestras diferencias y nos orientemos hacia el bien común, superando el exacerbado individualismo. Apostamos por reafirmar un sentido de identidad nacional plural, pero integrado; un país que se adapta a los cambios de los tiempos, a la vez que rechaza toda forma de discriminación y cualquier manifestación de violencia.

En un país de tantas brechas y desigualdades, desde el Partido Morado buscamos revertir esta situación a partir de la inversión en el desarrollo de los talentos de todas las personas y su formación ciudadana a lo largo de la vida, con un sistema educativo moderno, descentralizado y orientado a la inclusión, la innovación y la sostenibilidad.

Esta apuesta del Partido asume como visión y marco orientador lo expresado en el Proyecto Educativo Nacional al 2036:

Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva que respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental (Consejo Nacional de Educación, 2020, p. 24).

Las propuestas del eje 1 de nuestro plan de gobierno buscan, de manera conjunta, generar oportunidades para el desarrollo del potencial de todas las personas a lo largo de la vida, dándole concreción al ejercicio de su derecho a una buena educación. Se busca atender integralmente desde la gestación, a la primera infancia, a los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, con servicios educativos relevantes y pertinentes, con opciones flexibles que posibiliten trayectorias educativas exitosas para todos y todas, y que contribuya a la afirmación de principios y valores democráticos mediante la formación ciudadana. Tenemos una agenda ambiciosa y retadora con énfasis en políticas públicas en favor de la inclusión, la innovación, la ciencia y la tecnología; así como en el desarrollo de la docencia, directivos y gestores de la educación. Para hacer frente a la pobreza educativa necesitamos de una inversión sin precedentes y hacer una reforma estructural del sector que asegure una efectiva gestión territorial, descentralizada, moderna y al servicio de las instituciones educativas y de la ciudadanía.

Alineado a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU:

Temas abordados en la solución de esta problemática:

Todas las niñas y los niños menores de 6 años y madres gestantes accederán de manera oportuna a un paquete articulado de servicios orientados a fortalecer su desarrollo físico y socioemocional; y un sistema de acompañamiento y protección a las familias. Madres gestantes y sus hijas e hijos, desde que nacen, recibirán atención especializada, consejería psicológica, vacunación, educación nutricional, evaluación y participación en programas de aprendizaje temprano, crianza, atención a la discapacidad y otros orientados a erradicar la violencia, el abuso infantil y la negligencia.

Esta atención integral se llevará a cabo con las siguientes acciones:

  • Acompañamiento​ a todas las familias de madres gestantes, niños y niñas nacidos hasta su primer año de vida a través de un paquete básico de servicios que priorice su desarrollo físico y socioemocional
  • Programa de cunas para el cuidado y desarrollo integral de niños y niñas menores de 3 años (Cuna Más de jornada completa).
  • Servicio integral para niñas y niños de 3 a 6 años en centros de educación inicial (salud, nutrición, educación y protección social).
  • Programa intersectorial de fortalecimiento de habilidades parentales y crianza positiva.

Comisión que desde la PCM promueva políticas públicas y una cultura ciudadana en favor de la primera infancia, con un Sistema de información y seguimiento nominal a los menores de 6 años y la promoción de espacios públicos lúdicos, seguros y saludables en articulación con gobiernos regionales y locales.

Todos las niñas, niños y adolescentes accederán a servicios educativos que, orientados al desarrollo de competencias, potencian el talento de cada estudiante para el ejercicio de una ciudadanía activa y la realización de proyectos de vida que armonizan su bienestar personal con el bien común y el desarrollo sostenible; para continuar aprendiendo con autonomía a lo largo de la vida y vincularse con el mundo social, ciudadano y productivo de manera efectiva y proactiva. Estos servicios cuentan con ambientes de aprendizaje seguros, pertinentes a sus características y necesidades de aprendizaje, son promotores de bienestar y se organizan en torno al logro de aprendizajes de sus estudiantes. Para esto, se proponen las siguientes medidas:

  • Sistema de aseguramiento de las condiciones básicas de calidad en los servicios educativos, con pertinencia cultural y estándares apropiados al nivel y complejidad de la institución o servicio educativo.
  • Programa psicopedagógico y de bienestar en todos los colegios del país, con información articulada entre sectores (MIDIS, MINEDU, MINSA, RENIEC) que permita hacer seguimiento a la situación de niños, niñas y adolescentes.
  • Reforma para una educación secundaria pertinente, activa y con cultura de bienestar, que permita a las y los adolescentes lograr sus proyectos de vida.
  • Sistema de Gestión territorial del Currículo Nacional de Educación Básica.
  • Ordenamiento de los servicios educativos para asegurar la culminación de la educación básica.

Todos los niños, niñas y adolescentes en situación de exclusión educativa o en riesgo de desvincularse del servicio educativo, en condiciones de vulnerabilidad (estudiantes con discapacidad o algún tipo de condición de salud que les demanda ausentarse físicamente de las aulas, población de ámbitos rurales y urbano periféricos, población originaria, adolescentes embarazadas, adolescentes que trabajan, entre otros); cuentan con servicios educativos flexibles y pertinentes a su situación y contexto, servicios de apoyo (pedagógico, emocional, bienestar físico) que responden oportunamente a las necesidades y factores de riesgo, y orientan la acción educativa en articulación con la familia y la comunidad. De esta manera, se buscará facilitar y alentar su bienestar y trayectoria educativa. Esto se realizará con las siguientes acciones:

  • Programa nacional de reducción de brechas educativas profundizadas por la pandemia COVID 19, con servicio intersectorial de soporte al bienestar, continuidad y aprovechamiento del equipamiento y estrategias regionales de soporte a los aprendizajes.
  • Ampliación del número de instituciones de Educación intercultural bilingüe (EIB), con docentes competentes que implementan de manera efectiva la propuesta pedagógica EIB.
  • Ampliación y optimización de servicios para asegurar la atención de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas a algún tipo de discapacidad.
  • Sistema de información articulado para la atención de grupos en riesgo de exclusión educativa.

Las y los jóvenes del país que egresan de la educación básica transitan a una educación superior integrada y articulada, que les ofrece rutas de formación acorde a sus diversas vocaciones profesionales; a través de estas opciones formativas desarrollan competencias que les habilita para una inserción exitosa en el mundo laboral, así como para la investigación e innovación y el ejercicio de su profesión con sentido de ética, responsabilidad y compromiso ciudadano. De esta manera, mejora sus niveles de empleabilidad y aportan de manera efectiva al desarrollo de la competitividad y del país. Para ello, la educación superior deberá sostenerse en un sistema con la rectoría e institucionalidad necesarias para el aseguramiento de su calidad, con procesos de control (licenciamiento, supervisión y fiscalización), garantía (acreditación) realizados por SUNEDU, así como fomento (financiamiento, diseño de políticas, rectoría) de la calidad en las instituciones de educación superior. Esto se logrará con las siguientes acciones: 

  • Acceso a la educación con reconocimiento de aprendizajes y trayectorias flexibles, con modificaciones normativas para asegurar la transitabilidad educativa entre institutos y universidades, asegurando equiparar los modelos de licenciamiento de institutos, escuelas y universidades y mecanismos y estrategias de vinculación entre el mundo de la educación y el del trabajo.
  • Calidad del servicio educativo y de los aprendizajes, con un sistema de aseguramiento de calidad pertinente y coherente con las características de cada alternativa de educación superior.
  • Pertinencia y diversidad de la oferta educativa, que responda a demandas sociales y productivas de acuerdo con la realidad regional.
  • Carrera directiva, docente y personal administrativos con mejores condiciones de bienestar laboral.
  • Gobernanza de la educación superior, con gestión descentralizada de la educación superior y técnico productiva. ​                      

La población joven y adulta accede a formas de atención educativa diversas y flexibles y a mecanismos de reconocimiento y certificación de aprendizajes desarrollados en su trayectoria de vida. De esta manera, encuentran respuesta a sus aspiraciones y necesidades de formación continua, para su desarrollo personal, profesional y laboral. 

Esta política reconoce el derecho y necesidad de la población joven y adulta a continuar aprendiendo a lo largo de la vida, sin restricciones de ningún tipo. Busca saldar una deuda social e histórica que el Estado nacional tiene pendiente con el aprendizaje de los jóvenes y adultos en rezago escolar, que no lograron culminar la básica o no con el dominio de las competencias básicas para una inserción satisfactoria en la vida ciudadana, el mundo social y laboral. Asimismo, responde a la necesidad del país de garantizar una permanente formación y especialización a su población, como factor dinamizador del desarrollo nacional y para el logro de las metas propuestas en el Plan de Competitividad y Productividad. Para el desarrollo de esta política se requiere de un esfuerzo de articulación multisectorial y con las empresas, gremios, instituciones de educación superior técnica e instituciones de sociedad civil y de la comunidad que ofrecen experiencia y asumen roles formativos, a fin de enlazar trayectorias educativas, cualificación laboral, el ejercicio de una ciudadanía plena y las oportunidades productivas hacia un desarrollo sostenible y bajo en emisiones del país.

Esto se logrará con las siguientes acciones

  • Certificación de competencias básicas.
  • Modalidades para atender necesidades educativas diversas y generar oportunidades laborales.
  • Educación comunitaria y su articulación al desarrollo económico y social de las comunidades.
  • Nueva gobernanza de la educación de jóvenes y adultos mediante la creación de un ente autónomo con rectoría en educación continua, que favorezca la articulación entre la educación comunitaria, técnico productiva con la educación básica y la superior.

Una nueva generación de docentes con las competencias profesionales necesarias para la realidad regional y nacional requieren ser formados en Escuelas/programas de educación superior de excelencia con condiciones de enseñanza que responden a estándares de calidad. Al egresar, encuentran oportunidades laborales y la posibilidad de fortalecer y ampliar sus competencias y especializarse, con itinerarios formativos que responden a sus necesidades y los desafíos en su desempeño profesional. Una carrera que les permite ascender y acceder a diversas especialidades y especializaciones, con condiciones de trabajo estimulantes, desafiantes, innovadoras y protectoras de su quehacer.

Proponemos las siguientes medidas para este fin: 

  • Formación inicial docente, a través de docentes formadores con competencias profesionales de alta calidad y un plan de fortalecimiento institucional y pedagógico en las instituciones y escuelas de formación docente.
  • Formación durante el servicio con la creación de Centros de Formación Docente Regional y un plan de acompañamiento pedagógico mejorado.
  • Mejora de las condiciones de bienestar docente, con incentivos para la atracción de buenos docentes para las zonas rurales de difícil acceso, la creación de una “defensoría del Docente”, bonificación especial para pensionistas y soporte socioemocional.
  • Promoción y reconocimiento de buenas prácticas y aliento a la innovación fortaleciendo el Fondo Nacional de la Educación Peruana (FONDEP)
  • Fortalecimiento de la Carrera docente, con Modificación de la Ley de Reforma Magisterial en favor de la meritocracia e incremento del piso salarial docente.

Promover la ciencia, tecnología e innovación (CTI) para incrementar el conocimiento, la competitividad y la sostenibilidad del país, a partir de las prioridades estratégicas desarrolladas en las macrorregionales, alcanzando niveles de inversión en investigación, desarrollo e innovación comparables con los más altos de la región y aumentando de forma progresiva y constante el número de investigadores, patentes e inventos que respondan a las realidades y prioridades de las regiones y del país. 

Este impulso a la CTI se llevará a cabo con las siguientes medidas:

  • Nueva gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT) con una reforma del Sistema Nacional de CTI y una reorganización completa de los institutos públicos de investigación para estandarizar su organización, dar estabilidad a su dirección ejecutiva y estratégica, así como eliminar los conflictos interinstitucionales, y vincularlos con las universidades y entidades de gobierno nacional y subnacional.
  • Incremento del financiamiento para las actividades de CTI, con líneas de financiamiento permanente en apoyo a nuevos innovadores.
  • Nuevos mecanismos de promoción de la CTI, que incluyen programas integrados de investigación y docencia de postgrado e iniciativas para atraer y retener investigadores y profesionales peruanos destacados que trabajan fuera del país.

Necesitamos como país asegurar el derecho a la educación de todas las personas y para ello necesitamos de más​ presupuesto para la educación que permita cerrar brechas de cobertura y calidad con un enfoque de equidad y mejorar la capacidad y calidad del gasto en el sector y en los tres niveles de gobierno.

La meta es alcanzar niveles de gasto por estudiante comparables con los más altos de la región, asegurando la sostenibilidad económica de las reformas educativas en articulación con los demás sectores. Para lograrlo se necesita establecer mecanismos para financiar las​ reformas educativas, mejorar la equidad en la asignación y ejecución del gasto, así como mejorar la capacidad y calidad del gasto en el sector.

Para ello se plantean las siguientes medidas para el mejoramiento de la equidad en la asignación y ejecución del gasto:

  • Asignación presupuestal a través de la Canasta Básica por estudiante: Implica definir una canasta básica (materiales, recursos, servicios, etc.) por estudiante por cada nivel, modalidad y modelo de atención, lo cual será el referente para la asignación presupuestal. Actualmente, la asignación del presupuesto se hace a través del método de tendencia histórica acentuando la brecha de inequidad.
  • Reorientación de Beca 18 a instituciones educativas públicas de educación superior ampliando la cobertura que existe actualmente. El subsidio pagaría la matrícula, materiales, costos de vida y los costos de ingreso. También la preparación del examen de ingreso para compensar las desventajas escolares y asegurar su éxito en la IE. El retorno de este subsidio sería a partir del trabajo de los estudiantes beneficiados en el Estado, mejorando su eficiencia y productividad.
  • Créditos con tasa baja para clase media en instituciones educativas privadas de educación superior: Se financiará a estudiantes de buen rendimiento en carreras con demanda en IIEE de calidad. Se requerirá una garantía de la IE hasta cinco años después de la graduación del estudiante para que sea atractivo a universidades que crean que pueden lograr niveles razonables de empleabilidad y de ingresos para sus graduados. El reembolso sería una cantidad fija que no superaría el 20% de los ingresos en un período de 20 años después de la graduación.

Un​ sistema educativo reorganizado en función de garantizar el acceso y las trayectorias educativas de la ciudadanía, a lo largo de la vida. Para ello, es indispensable fortalecer la autonomía de las instituciones educativas y que puedan tomar decisiones que les permita mejorar e innovar sus prácticas pedagógicas y de gestión, adecuar sus servicios y articular los esfuerzos y oportunidades de la comunidad a la que pertenecen. Es una autonomía que va acompañada de responsabilidad, contando para ello con las capacidades, recursos y un acompañamiento sostenido de parte de las instancias intermedias de gestión, debiendo rendir cuentas sobre resultados y ser objeto de una supervisión que permita retroalimentar al sistema educativo en cada nivel.

Con esa finalidad los niveles de gobiernos y sus instancias de gestión se reorganizan y consolidan una efectiva gestión territorial, descentralizada, moderna, transparente y eficaz al servicio de la ciudadanía. El Ministerio de Educación se reorganiza para asumir un rol rector en políticas, brindar asistencia técnica, desarrollar una supervisión autónoma, tener un rol de garante del presupuesto público en educación y un rol de subsidiariedad para la atención de poblaciones vulnerables en acuerdo con los gobiernos regionales. 

Entre las medidas que proponemos para esta reforma estarán:

  • Autonomía de las instituciones educativas en todos los niveles y modalidades, con reordenamiento territorial de los servicios educativos en redes educativas para evitar la atomización y aislamiento generando la escala suficiente para brindar un servicio educativo pertinente, eficiente y que asegure trayectorias educativas.
  • Reingeniería del sector y del Ministerio de Educación, con la aprobación e implementación de la Ley Orgánica de Funciones del MINEDU como producto de un proceso de consulta con actores y entidades especializadas de planificación y reingeniería de la gestión pública, así como un nuevo ROF en función al servicio y a procesos estratégicos de rectoría y de generación de información, condiciones y recursos que promuevan la calidad, equidad y la innovación en el sistema educativo.
  • Modernización de la gestión educativa regional y local, con desarrollo e implementación de modelos de gestión educativa territorial que respondan a su contexto sociocultural en las 25 GOREs y Lima Metropolitana.
  • Instituto Nacional para la Educación Digital, el cual debe considerar tres pilares:
    • Acceso a la conectividad, equipamiento y recursos educativos digitales.
    • Competencias digitales para todos.
    • Gestión innovadora e institucionalidad.

Potenciar la cultura física, recreación y el deporte nacional, como un derecho humano fundamental que permita a la persona desarrollar hábitos saludables, una buena condición física, salud mental e interacción social, para la mejora de la calidad de vida y el bienestar individual y social. A través de la Educación física, recreación y el deporte, buscamos lograr una educación integral, capaz de transmitir valores fundamentales como el respeto, el trabajo en equipo, la disciplina, la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad, la justicia, el esfuerzo, el compromiso, la perseverancia, entre otros. Para eso, es esencial que la actividad física se dé desde la primera infancia, para lograr el desarrollo de la percepción y sensaciones, actividades elementales para lograr el buen desarrollo del cerebro y de un desarrollo integral.

Para lograr estos objetivos se requiere ampliar su ámbito de acción, fortalecer a todos los actores del Sistema Deportivo Nacional (IPD, MINEDU, federaciones nacionales, Comité Olímpico, Asociación de paralímpicos, Centros Regionales del Deporte, universidades), de tal forma que puedan impulsar y articular esfuerzos e iniciativas que permitan desarrollar nuevos programas, potenciar la infraestructura y equipamiento deportivo en todas las regiones y niveles, garantizar la educación física en todas las edades, mejorar la formación y retención de deportistas ampliando disciplinas, fomentar actividades en los espacios públicos, incrementar la recreación sana y en comunidad, promover la inclusión de la personas con discapacidad y movilizar a la población en torno al cuidado de su salud física y mental. 

  • Proponemos las siguientes medidas para el fomento del deporte y cultura física con un programa de Especialización Deportiva para profesores de Educación Física postulantes, así como el establecimiento de modelos de infraestructura polivalente, con prototipos establecidos desde el MINEDU. También se buscará incrementar el número de becas talento desde PRONABEC para deportistas escolares. Ello responde a la necesidad de darle una proyección a los deportistas escolares y que se mantengan en el sistema deportivo nacional, incrementando el número de profesionales que nuestro deporte necesita.
  • Recreación y actividad física para una vida activa y saludable, con programas de implementación del sistema nacional del deporte.

Gobernanza del sistema deportivo, reestructuración del IPD y sus órganos de línea para la modernización del ente rector nacional del deporte y de esta forma, logre adecuarse a las tendencias y evidencias en torno a los subsistemas identificados: alta competencia, promoción de la actividad física, servicios biomédicos ciencia e Investigación y la infraestructura deportiva.

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